Ecuador rechazó las bases militares extranjeras: ¿por qué es relevante este referéndum para nuestras democracias?

Francisco Tavárez

Uno de los avances más importantes en el fortalecimiento democrático de varios países de la región ha sido la consolidación del referéndum como herramienta de participación ciudadana. Este mecanismo permite a la población involucrarse en decisiones de alcance nacional y otorgar mayor legitimidad a cambios legales, como reformas constitucionales o normas de gran relevancia.

En este contexto, es importante recordar el reciente referéndum convocado por el presidente Daniel Noboa, quien propuso permitir la instalación de bases militares extranjeras en Ecuador. La Constitución ecuatoriana prohíbe actualmente esa presencia, y la iniciativa buscaba levantar dicha restricción con el argumento de combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

Sin embargo, los ecuatorianos rechazaron la propuesta: según el Consejo Nacional Electoral, más del 60 % votó “no” a las bases militares extranjeras. De igual forma, otras preguntas clave como la convocatoria a una Asamblea Constituyente, la eliminación de la financiación estatal a los partidos políticos y la reducción del número de asambleístas también fueron rechazadas con más del 50 %.

¿Por qué este referéndum importa no solo a Ecuador, sino a toda la región? Porque muestra el poder de la ciudadanía para defender la soberanía nacional: el “no” evidencia cómo los ciudadanos se empoderan cuando perciben que los intereses del país están en juego. Además, funciona como un freno a ambiciones particulares, obligando a que decisiones de gran alcance se sometan a consulta y, con ello, fortaleciendo la democracia.

Este caso no es aislado. La historia muestra cómo distintos pueblos han utilizado el referéndum para frenar decisiones que consideraban perjudiciales. En España, la ciudadanía votó a favor de permanecer en la OTAN; en Venezuela, el referéndum de 2007 rechazó una reforma que ampliaba el poder presidencial; en Bolivia, la consulta sobre los hidrocarburos derivó en un “no” que precipitó la salida del entonces presidente Sánchez de Lozada. Todos estos ejemplos evidencian cómo la participación directa puede redefinir el rumbo de una nación.

En la República Dominicana, la Constitución reconoce en su artículo 22 el derecho de los ciudadanos a decidir sobre asuntos sometidos a referéndum. No obstante, este mecanismo sigue sin aplicarse. El artículo 210 exige una ley que regule el proceso, pero más de diez años después, dicha ley continúa pendiente. Esta omisión, en mi opinión, refleja una falta de voluntad política que limita nuestro derecho como dominicanos a expresar de forma directa y decisiva nuestra opinión en temas de especial trascendencia nacional.