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SANTO DIMINGO.- El Centro Juan XXIII afirmó que, aunque la Reforma Fiscal es un paso difícil, es imprescindible para garantizar el futuro del país, señalando que los recursos destinados a la educación pública de calidad y el pago de la deuda pública limitan las posibilidades de atender otras demandas urgentes de la población.
Además, aseguró que, sin embargo, para hacer frente a esta realidad, es necesario modernizar el marco fiscal actual, tal como se estableció en la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12) en 2012, donde se planteó la creación de un pacto social, no un proyecto unilateral que ignore el consenso ciudadano.
El Centro destacó que, durante las últimas décadas, la República Dominicana ha sido testigo del enriquecimiento injustificado de funcionarios y legisladores, alimentado por un gasto estatal suntuoso, clientelar y, en muchos casos, corrupto. A pesar de las múltiples promesas de reducción de la evasión fiscal, esta sigue siendo una problemática sin resolver, no por falta de leyes, sino por la ausencia de voluntad política para aplicar las normativas existentes.
Falta de transparencia en los “sacrificios” gubernamentales
El gobierno ha anunciado que hará ciertos “sacrificios” en su gestión como parte de esta reforma fiscal, pero la sociedad aún no conoce detalles claros sobre la magnitud de los ahorros proyectados o las razones detrás de las decisiones tomadas.
En este contexto, el Centro Juan XXIII se preguntó cómo podrá la sociedad civil exigir cuentas al Estado si no existen mecanismos claros para medir y fiscalizar estos compromisos. La falta de claridad deja abiertas preguntas sobre el despilfarro en áreas como la publicidad estatal, el “barrilito” y el “cofrecito” asignados a los legisladores, el aumento descontrolado de la nómina pública, y las pensiones injustificadas que siguen afectando las finanzas del país.
De igual forma, el Centro critica la situación de desigualdad que se percibe entre los legisladores, quienes disfrutan de programas de jubilación y salud muy superiores a los que recibe el ciudadano promedio. Esta falta de equidad genera un descontento social que contribuye a la evasión fiscal, ya que muchos se preguntan: “¿Por qué cumplir con la ley cuando quienes la crean no lo hacen?”
Un llamado a un verdadero pacto social
El Centro Juan XXIII reconoce la necesidad de aumentar los ingresos tributarios, pero antes de imponer nuevas cargas a la ciudadanía, el Estado debe tomar medidas fundamentales, entre ellas:
- Fomentar un diálogo nacional real, tal como lo establece la Ley 1-12, a través de un pacto social inclusivo.
- Mejorar la calidad y eficiencia del gasto público, eliminando despilfarros y corrigiendo los abusos existentes.
- Reducir la evasión fiscal de manera efectiva, tomando medidas concretas y medibles para que todos contribuyan de manera equitativa.
El Centro insta al gobierno a otorgar un plazo suficiente para que la sociedad se organice, reaccione y participe en un proceso de negociación real a través del Consejo Económico y Social (CES), el espacio legalmente designado para alcanzar consensos. Solo así se podrá construir un pacto fiscal que no solo resuelva las urgencias económicas del Estado, sino que también garantice una nación donde todos, sin excepción, sean iguales ante la ley y compartan las cargas de manera justa.
En resumen, el Centro Juan XXIII llama a la prudencia, no para detener un proceso necesario, sino para garantizar que se haga correctamente, con un enfoque equitativo y transparente que responda a las verdaderas necesidades del país.
