El Código Penal y la política del "ya, pero todavía no"

Francisco Tavárez

Existe una conocida expresión de la teología cristiana que resume una de las mayores paradojas de la fe: el Reino de Dios ya comenzó, pero todavía no ha llegado en su plenitud. Cristo vino a salvar a la humanidad, pero el pecado continúa presente. La obra inició, pero aún no ha concluido.

Algo parecido parece ocurrir con el debate del nuevo Código Penal en la República Dominicana.

Durante semanas se insistió en que el principal obstáculo para la promulgación de la ley eran los artículos relativos a la libertad de expresión. Se convocaron mesas de diálogo, participaron periodistas, juristas, representantes de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. El presidente Luis Abinader decidió escuchar, construir consensos y enviar al Senado un paquete de 18 observaciones que modifican precisamente los artículos que más controversias habían generado.

Sin embargo, el consenso alcanzado tampoco parece suficiente.

El Poder Ejecutivo propone mantener el delito por la difusión de contenidos obtenidos en espacios privados, pero delimitando claramente que solo será sancionada la divulgación de material captado bajo una expectativa razonable de privacidad. 

También reduce las penas por difamación y excluye de responsabilidad penal las expresiones difundidas por medios de comunicación, plataformas digitales y el ciberespacio. Incluso establece que las opiniones o críticas sobre corrupción, políticas públicas y asuntos de interés general no constituirán difamación cuando existan elementos probatorios o una verificación razonable de la información.

Son cambios importantes que responden, al menos parcialmente, a las preocupaciones expresadas por distintos sectores.

Pero todavía no bastan.

La Sociedad Dominicana de Diarios y numerosas organizaciones civiles sostienen que mientras subsistan penas de prisión para delitos vinculados con la libertad de expresión, el riesgo para el ejercicio periodístico seguirá existiendo. Su aspiración continúa siendo que estos conflictos se resuelvan exclusivamente por la vía civil y no mediante el derecho penal.

Aquí aparece una realidad que la política debería comprender con mayor frecuencia: el consenso no significa unanimidad. En democracia es posible construir acuerdos amplios sin lograr que todos se sientan plenamente representados. Gobernar consiste precisamente en administrar esas diferencias.

No obstante, también es cierto que cuando una legislación toca un derecho tan sensible como la libertad de expresión, el margen para las dudas debe ser el menor posible. Las leyes penales no pueden descansar sobre interpretaciones ambiguas ni dejar abierta la puerta para que futuros gobiernos menos tolerantes utilicen esos artículos como herramientas de intimidación.

Quizá el presidente ha dado un primer paso. Quizá el Senado pueda perfeccionarlo. Pero si algo enseña este episodio es que las leyes más importantes no se fortalecen porque se aprueben rápido, sino porque nacen del mayor consenso posible y generan confianza incluso entre quienes piensan distinto.

Como en aquella antigua máxima teológica, el acuerdo ya llegó, pero todavía no alcanza la paz jurídica que una democracia necesita.