El costo de un Congreso que deja morir las soluciones

Francisco Tavárez

En los últimos años, el Congreso Nacional ha tenido en sus manos varios proyectos de ley destinados a crear el sistema Alerta Amber, un mecanismo probado en otros países para la prevención y respuesta rápida ante la desaparición de menores de edad y personas vulnerables. Sin embargo, una vez más, estas iniciativas no lograron concitar el interés ni la voluntad política necesaria. Al menos dos de esos proyectos perimieron con el cierre de la legislatura este lunes, dejando al país exactamente donde estaba: sin una herramienta eficaz para reaccionar a tiempo cuando cada minuto cuenta.

Esta inercia legislativa contrasta con la indignación social que estalla cada vez que un niño o una niña desaparece o es víctima de violencia sexual extrema. En medio de ese dolor colectivo, surgen voces que reclaman castigos ejemplares, incluso medidas tan drásticas como la castración química para agresores sexuales comprobados. “La única manera de parar a estos pedófilos violadores de un angelito de tres años… es que sepan que no podrán volver a tener una erección”, se escucha decir con rabia, descartando excusas como el alcohol, las drogas o “el diablo” como justificación de crímenes atroces.

Ese clamor, aunque comprensible desde la emoción y la impotencia, revela algo más profundo: la desconfianza en la capacidad del Estado para prevenir, investigar y responder con eficacia. Cuando la sociedad llega al punto de pedir reformas constitucionales para imponer castigos extremos, es porque siente que los mecanismos actuales no funcionan, que la cárcel no disuade y que la impunidad sigue siendo la norma.

En ese sentido, como ha señalado Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), estos hechos no pueden verse como casos aislados ni simples. Deben ser un punto de inflexión. Más allá del debate sobre penas más severas —que requiere serenidad jurídica, respeto a los derechos humanos y análisis constitucional—, el Estado dominicano sigue fallando en lo esencial: la prevención y la reacción inmediata.

Un sistema Alerta Amber no sustituye la justicia penal, pero salva vidas. Activa a la sociedad, a los medios, a las autoridades y a las plataformas tecnológicas en las primeras horas críticas de una desaparición. No aprobarlo, dejarlo morir por desinterés legislativo, es una forma silenciosa de irresponsabilidad institucional.

La pregunta de fondo no es solo qué castigo merece el culpable, sino qué estamos haciendo para que el crimen no ocurra o para encontrar a tiempo a quien desaparece. Mientras el Congreso posterga soluciones concretas y estructurales, el país sigue reaccionando tarde, desde la rabia y el dolor. Y cuando eso ocurre, ya casi siempre es demasiado tarde.