El derecho a protestar y el derecho a aprender

Francisco Tavárez

Una comisión de la Cámara de Diputados estudia actualmente un proyecto de resolución que propone descontar el salario correspondiente a los docentes que se ausenten de las aulas sin justificación, incluyendo aquellos casos en los que la ausencia se produzca por huelgas o paralizaciones de labores. La iniciativa ha generado debate, especialmente porque toca un tema sensible: la relación entre los derechos laborales de los maestros y el derecho de los estudiantes a recibir educación.

Es necesario comenzar dejando algo claro. El derecho a la huelga está reconocido por la Constitución y forma parte de las conquistas históricas de los trabajadores. Los docentes, como cualquier otro sector laboral, tienen derecho a organizarse, reclamar mejoras salariales, exigir condiciones dignas de trabajo y protestar cuando entiendan que sus demandas no son escuchadas.

Sin embargo, toda sociedad democrática enfrenta el desafío de armonizar derechos cuando estos entran en conflicto. Y es precisamente ahí donde surge la discusión. ¿Qué ocurre cuando el ejercicio de un derecho afecta directamente otro derecho fundamental? Cada vez que se suspenden las clases por una huelga, una asamblea gremial o cualquier otra actividad sindical realizada en horario docente, quienes terminan pagando el costo son los estudiantes, especialmente aquellos que dependen exclusivamente de la escuela pública para su formación.

La realidad es que las suspensiones de docencia se han convertido en una práctica frecuente. En ocasiones responden a reclamos legítimos; en otras, a situaciones que podrían abordarse mediante mecanismos menos lesivos para el calendario escolar. Lo más preocupante es que, en la mayoría de los casos, las horas de clase perdidas no se recuperan de manera efectiva, acumulándose un déficit de aprendizaje que luego se refleja en los bajos niveles de rendimiento académico.

Los gremios magisteriales argumentan que solo logran captar la atención de las autoridades cuando paralizan la docencia. Es una percepción comprensible en un sistema donde muchas veces las respuestas gubernamentales llegan tarde o no llegan. No obstante, también es válido preguntarse si un método de lucha que perjudica de manera directa a miles de estudiantes debe seguir siendo la primera opción.

Las asambleas gremiales constituyen otro punto de reflexión. Si bien forman parte de la vida organizativa de cualquier sindicato, resulta difícil justificar que se realicen durante horas destinadas a la enseñanza. Tal vez ha llegado el momento de explorar modalidades que permitan la participación de los docentes sin afectar el tiempo de aprendizaje de los estudiantes.

El debate que hoy se desarrolla en el Congreso no debe reducirse a la simple discusión sobre descuentos salariales. La verdadera pregunta es cómo garantizar simultáneamente el derecho de los maestros a protestar y el derecho de los estudiantes a recibir educación de calidad.

Existen alternativas. Los gremios podrían recurrir a concentraciones fuera del horario escolar, jornadas de protesta los fines de semana, manifestaciones frente a las sedes gubernamentales, campañas de información pública, uso intensivo de las redes sociales, vigilias, marchas vespertinas, uso de distintivos simbólicos en las escuelas o incluso paros parciales que no impliquen la suspensión total de la docencia. También podrían establecerse mecanismos obligatorios de reposición de clases cuando las interrupciones resulten inevitables.

La educación dominicana enfrenta demasiados desafíos como para seguir perdiendo horas de enseñanza. Defender los derechos de los docentes es una obligación de toda sociedad democrática, pero proteger el derecho de los estudiantes a aprender también debe ser una prioridad nacional. Entre ambos derechos no debería existir una confrontación permanente. El reto consiste en encontrar fórmulas que permitan reclamar sin perjudicar a quienes, al final, son la razón de ser de todo el sistema educativo: los estudiantes.