CARACAS.- La principal alianza opositora de Venezuela -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- exigió información sobre el paradero de su asesor jurídico Perkins Rocha, detenido este martes por «personas no identificadas», según la coalición, que también exigió la «inmediata» liberación del abogado.
A través de X, el bloque antichavista denunció el «secuestro» de quien también fue uno de sus testigos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en las presidenciales del 28 de julio, e hizo un llamado al respeto de los derechos humanos del jurista y de «todos los detenidos de forma arbitraria».
Asimismo, la PUD exigió el cese de «la persecución» que -alertó- se ha «agudizado» tras los comicios del pasado mes, por «defender el cambio que se eligió masivamente con el voto», en referencia a la «victoria» que la coalición asegura que obtuvo su abanderado, Edmundo González Urrutia, en las presidenciales, pese a que el CNE proclamó ganador al mandatario Nicolás Maduro.
En X, partidos opositores que forman parte de este bloque, entre ellos Primero Justicia, Voluntad Popular, La Causa R y Encuentro Ciudadano, condenaron también la detención de Rocha, uno de los principales colaboradores de la líder antichavista María Corina Machado.
Previamente, la exdiputada denunció que ha sido «secuestrado» su «amigo y compañero de causa», en referencia al jurista, a quien describió como «un hombre justo, valiente, inteligente y generoso».
«Pretenden doblegarnos, desenfocarnos y aterrarnos. Nosotros seguimos adelante, por Perkins, por todos los presos y perseguidos, y por Venezuela entera. Seremos libres», expresó Machado, quien el sábado llamó a la comunidad internacional a responsabilizar a Maduro y a su «régimen criminal» de «la represión desatada» en el país.
Según cifras oficiales, más de 2.400 personas han sido detenidas desde el 29 de julio -algunas en manifestaciones y otras en operativos policiales-, mientras que 25 personas fueron asesinadas en hechos de violencia que el Gobierno atribuye a la oposición, mientras que el antichavismo culpa a las fuerzas de seguridad del Estado, por orden de superiores.