Por Francisco Tavárez
Las recientes declaraciones del director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, confirman lo que muchos dominicanos venimos advirtiendo: los aires de autoritarismo y soberbia con los que se conduce la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, están fomentando un clima de censura social, erosionando las libertades fundamentales por las que tanto ha luchado el pueblo dominicano.
Es inaceptable la vulneración sistemática del Estado de derecho. Nuestra Constitución y el marco normativo nacional son claros: nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley, y mucho menos un funcionario público. Resulta alarmante que el propio director de la Policía Nacional parezca desconocer que sus atribuciones están delimitadas por la Carta Magna, y que su rol debe ceñirse al respeto irrestricto de los derechos ciudadanos.
El caso más reciente —la arbitraria intención de limitar el horario de las barberías a las 12 de la medianoche— es apenas la punta del iceberg. Bajo el pretexto del combate a la criminalidad, se están promoviendo restricciones que terminan afectando desproporcionadamente a ciudadanos que no delinquen, que cumplen con la ley y que solo exigen que se les respeten sus derechos: al libre tránsito, a la libertad de expresión y al derecho inalienable de denunciar abusos de poder.
Aunque las responsabilidades son individuales, el patrón es cada vez más evidente. Fue el mayor general Guzmán Peralta quien, con ligereza preocupante, comunicó al país la medida de los horarios de las barberías, como si de una finca se tratara, ignorando por completo los principios constitucionales y la lógica de una sociedad democrática. La situación, agravada por el video viral de un agente policial enfrentando al dueño de una peluquería, solo expuso la desconexión entre las autoridades y la realidad de los ciudadanos.
La “metida de pata” fue tal, que la ministra tuvo que salir a corregir públicamente al director de la Policía, intentando justificar lo injustificable como una simple “confusión”, lo que no hizo más que aumentar la indignación. Incluso el propio presidente Luis Abinader se vio obligado a abordar el tema desde el Palacio Nacional, en un intento de contener el desgaste político.
Desde hace semanas —o incluso meses— venimos advirtiendo que la gestión de Faride Raful representa un riesgo para la estabilidad política y social del país. Si bien el presidente tiene la facultad constitucional de designar a los miembros de su gabinete, debe también asumir la responsabilidad de actuar cuando un funcionario se convierte en un factor de desestabilización. Más allá de las lealtades personales o partidarias, el compromiso del presidente debe ser, por encima de todo, con la nación.
Señor presidente, evalúe con seriedad la situación. No subestime las consecuencias de esta política de imposición, ni la desazón creciente que provoca entre amplios sectores de la sociedad. No se trata de un error aislado, sino de una tendencia preocupante. El “Síndrome Faride” ya está inoculándose en el ADN institucional: permea la cúpula policial, los mandos medios, alistados y hasta al personal civil del Ministerio de Interior y Policía.
Detenga los abusos antes de que sea demasiado tarde.
