En recta final del Código Penal, se desata discusión acalorada por cambio en tipificación de agresión sexual

Por: Vanessa Valdez

SANTO DOMINGO.-A solo 22 días para que concluya la legislatura ordinaria, el Congreso Nacional se encuentra inmerso en un intenso debate sobre la aprobación del nuevo Código Penal, centrado especialmente en temas delicados como la agresión y la violación sexual, en particular contra menores de edad.

En esta etapa final del proceso legislativo, las discusiones más álgidas giran en torno a la gravedad de las penas. Un sector del Congreso propone sanciones equivalentes a las del homicidio o el asesinato entre 30 y 40 años de prisión, para quienes cometan agresiones sexuales contra niños, niñas y adolescentes. No obstante, otros legisladores advierten que penas tan severas podrían incentivar a los agresores a cometer delitos mayores, como el asesinato, con el fin de eliminar a la víctima y evitar ser identificados.

Otro punto de controversia es la definición del feminicidio. Según el nuevo texto, este delito solo será tipificado cuando una mujer sea asesinada por su condición de género, excluyendo los llamados “crímenes pasionales” cometidos por parejas o exparejas.

En cuanto a las tres causales para la interrupción del embarazo, el proyecto mantiene su exclusión del Código. Sin embargo, introduce una diferenciación entre escenarios: cuando la mujer actúe sola, cuando lo haga junto al personal médico, o cuando el procedimiento sea ejecutado sin el consentimiento de los padres.

Pese a los desacuerdos, el presidente de la Comisión Bicameral que estudia la pieza, senador Santiago Zorrilla, ha reiterado que el país contará con un nuevo Código Penal antes de que finalice la presente legislatura el próximo 26 de julio.

Uno de los casos que ha reactivado el interés por acelerar la aprobación del Código es el ocurrido en el centro de diversión “Jet Set”. En relación con ese hecho, el homicidio involuntario figura jurídica que se aplicaría preliminarmente, solo contempla un aumento de pena de dos a tres años de prisión, según miembros de la comisión legislativa.