BARAHONA.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto con la Fiscalía de Barahona, lograron que el Juzgado de la Instrucción de Barahona enviara a juicio a los miembros de la red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada en la Operación Metal Blanco, llevada a cabo en 2023.
Entre los procesados se encuentran José Augusto Romero Cedeño, Danny Daniel Dotel de Sena (Ñoño), Walquides Arquímedes Pérez Santana (Pillay), Yuly Esther Pineda Matos, Yoan Moisés Ferreras Báez (Mochi), Máximo Leonardo Rodríguez Pineda, Yajhaira Ferrera Báez, Christelle Cuevas, Cledyn Pérez Féliz, Ruz Esther Matos (Bolola) y la empresa Recicladora de Plástico Compra y Venta de Metales del Sur, SRL, señalada como instrumento financiero de la organización.
El juez Daniel Emilio Medina Pimentel acogió en su totalidad la acusación presentada por el Ministerio Público, manteniendo el secuestro de todos los bienes relacionados con el caso.
Según el expediente, la red operaba desde la región sur de la República Dominicana, utilizando un complejo esquema de lavado de activos vinculado al tráfico internacional de drogas. Se les atribuye la posesión y distribución de 245 paquetes de cocaína (254.08 kg), incautados durante un operativo el 10 de julio de 2023. Además, se les relaciona con decomisos anteriores:
- 6 de septiembre de 2013: 446 paquetes de cocaína en Juancho, Pedernales.
- 3 de agosto de 2018: 285 paquetes de cocaína en la playa Caletón, Barahona.
La organización movió grandes sumas de dinero a través del sistema financiero nacional, con transacciones que superan los RD$1,221 millones y US$96,665, sin justificación legítima. Entre los implicados, Yoan Moisés Ferreras Báezencabeza la lista con ingresos registrados de RD$830.4 millones y US$61,155, mientras que José Augusto Romero Cedeño acumuló RD$116.1 millones y US$34,223.
El equipo de fiscales, liderado por la magistrada Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Antilavado, y el fiscal Wellington Matos, titular de la Fiscalía de Barahona, presentó pruebas documentales, testimoniales, periciales, ilustrativas y audiovisuales que vinculan directamente a los acusados con la red criminal.
Además, el Ministerio Público ha solicitado el decomiso de más de 30 bienes muebles e inmuebles, valorados en miles de millones de pesos.
El expediente fue desglosado para el acusado Cledyn Pérez Féliz, quien fue declarado en rebeldía.
El Ministerio Público confía en que el juicio concluirá con una sentencia condenatoria y el decomiso total de los bienes obtenidos ilícitamente por la red criminal. Los fiscales a cargo del caso son los magistrados Pedro Medina Quezada y Manuel Santiago Castro Lora, procuradores generales de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
