SANTO DOMINGO.- La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) expresó su enérgico rechazo a los recientes actos de violencia ocurridos en la comunidad Arroyo Vuelta, Cotuí, donde, según la denuncia, la empresa minera Barrick Gold, con el apoyo de la Policía Nacional y el Ejército de la República Dominicana, habría utilizado fuerza desproporcionada contra residentes locales. El incidente afecta también a cinco comunidades del distrito municipal de Zambrana.
El Episcopado calificó los hechos como «inaceptables en un estado de derecho», resaltando que las agresiones incluyen violaciones a los derechos humanos, lesiones a dos sacerdotes y a varios miembros de las comunidades afectadas. «Es urgente decir no a la estrategia del miedo. Estas acciones violan la dignidad de las personas y no pueden tolerarse en una sociedad que debe garantizar justicia y paz», subrayaron en un comunicado.
La Iglesia Católica reafirmó su compromiso de proteger la vida y la dignidad humana, solidarizándose con el obispo de La Vega, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, presidente de la Comisión Nacional de Pastoral de Ecología y Medio Ambiente. El organismo eclesiástico destacó que es inadmisible que el interés económico prevalezca sobre el bienestar de las familias y el respeto a la naturaleza.
La CED instó a las autoridades nacionales a:
- Garantizar el respeto al marco jurídico y fomentar el diálogo entre las partes involucradas.
- Investigar los hechos de manera imparcial y sancionar a los responsables.
- Reparar los daños ocasionados a las comunidades afectadas.
El Episcopado recordó que la explotación de recursos naturales debe realizarse con responsabilidad social, ambiental y ética, y exhortó a la comunidad nacional a solidarizarse pacíficamente con los afectados.
Finalmente, el organismo católico invitó a los fieles a unirse en oración por la justicia y la paz en la República Dominicana, reiterando su disposición a participar en diálogos que busquen soluciones justas y sostenibles para la crisis en Cotuí.