Estafa Piramidal con mirada hacia el futuro

Geivis Tapia Chalas

Las estafas piramidales constituyen una de las modalidades de fraude económico de mayor impacto social en la actualidad. Estos esquemas prometen ganancias extraordinarias mediante la captación de nuevos inversionistas, cuando en realidad los beneficios iniciales provienen del dinero aportado por los participantes más recientes y no de una actividad económica legítima. El inevitable colapso del sistema ocasiona pérdidas millonarias y afecta la confianza pública en los mercados.

En la República Dominicana, la respuesta legislativa se fortaleció con la aprobación y posterior promulgación del nuevo Código Penal (Ley núm. 74-25), que tipifica expresamente la estafa piramidal, y con la Ley núm. 97-25, que moderniza el proceso penal para hacer más efectiva su investigación y juzgamiento.

Es importante precisar que la estafa piramidal es una modalidad de fraude caracterizada, esencialmente  por la aplicación de métodos de captación masiva de personas mediante promesas de altas rentabilidades, ausencia de una actividad económica real que sustente tales beneficios, pago a inversionistas antiguos con los aportes de nuevos participantes ( Caso Mantequilla), ocultamiento del verdadero funcionamiento del esquema, es decir simulación de  empresa en crecimiento, lo cual a futuro deviene en el colapso inevitable cuando disminuye el ingreso de nuevos inversionistas.

En este tipo penal prima el engaño dirigido a obtener un beneficio patrimonial ilícito mediante la inducción en error de las víctimas.

El Código Penal dominicano que espera su entrada en vigor en agosto próximo, incorporaexpresamente la estafa piramidal como una modalidad especial de estafa, reconociendo la gravedad del perjuicio económico y social que producen estos esquemas. La legislación contempla también formas agravadas cuando existe pluralidad de víctimas, utilización de terceros para captar nuevos participantes o afectación masiva del patrimonio de los inversionistas. Con esta figura jurídica se superan las limitaciones a las cuales nos tiene atado el código actual, dejando de lado que estos hechos que se recogen en esta descripción típica se persigan bajo el delito general de estafa.  

La Ley núm. 97-25 ( código Procesal Penal) fortalece significativamente su persecución ya que mediante reglas procesales permiten: declarar complejos los procesos con numerosas víctimas, facilitar investigaciones de criminalidad organizada y delitos económicos, mejorar la coordinación entre el Ministerio Público y los organismos de investigación, garantizar mayor protección a las víctimas durante el proceso, así como favorecer una investigación integral de las estructuras financieras utilizadas para ocultar el fraude.

Estas herramientas procesales permiten enfrentar de forma más eficaz esquemas fraudulentos que normalmente involucran múltiples responsables, operaciones internacionales y sofisticados mecanismos tecnológicos.

Sin lugar a dudas, la entrada en vigencia de la ley 74-25, trae consigo un gran reto para los operadores del sistema de justicia, en vista de que pesara sobre sus hombros su efectiva aplicación.

Es evidente que la persecución e investigación y posterior sanción de los casos de estafas piramidales darán un giro trascendental en la Republica Dominicana, y será un aliciente ante el sabor a impunidad que les ha tocado vivir a un sinnúmero de victimas debido a la falta de una herramienta eficaz que pueda saciar su sed de justicia, enhorabuena ha llegado la ¨mirada hacia el futuro¨ en esta materia.