FINJUS considera que la JCE excede sus facultades con prohibición de encuestas electorales

SANTO DOMINGO.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) expresó su preocupación por el reglamento aprobado por la Junta Central Electoral (JCE) que regula la publicación de encuestas electorales, al considerar que podría exceder las facultades legales del órgano electoral y afectar derechos fundamentales como la libertad de empresa, el acceso a la información y la participación democrática.

A través de un documento de análisis, la entidad sostuvo que, aunque reconoce la facultad de la JCE para supervisar y garantizar la transparencia de los procesos electorales, la prohibición de publicar encuestas fuera del período oficial de precampaña y campaña electoral “carece de suficiente respaldo legal” y podría vulnerar principios constitucionales.

FINJUS explicó que el debate no solo involucra la actividad de las firmas encuestadoras, sino también el derecho de los ciudadanos a acceder a información sobre tendencias y opiniones públicas de interés nacional.

La organización señaló que el reglamento aprobado por la JCE establece restricciones que no están contempladas en la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, la cual únicamente limita la publicación de encuestas durante los ocho días previos a las elecciones.

“Un reglamento no puede prohibir lo que la ley no prohíbe ni restringir derechos que la ley reconoce”, sostuvo la fundación, al advertir que el órgano electoral estaría legislando mediante una disposición administrativa.

FINJUS recordó que la Constitución dominicana establece que las limitaciones a derechos fundamentales solo pueden ser aprobadas mediante leyes emanadas del Congreso Nacional y no a través de reglamentos administrativos.

La entidad también consideró que la medida podría generar una “asimetría informativa”, debido a que partidos políticos y sectores con recursos económicos podrían seguir realizando encuestas privadas para uso interno, mientras que el ciudadano común quedaría excluido del acceso a esa información.

Según el análisis, esto afectaría la transparencia del debate público y limitaría la capacidad de los ciudadanos para conocer el clima político y social del país.

La organización afirmó además que los estándares internacionales promovidos por entidades como ESOMAR y WAPOR favorecen modelos basados en transparencia metodológica y acceso abierto a la información, no restricciones generales a la publicación de estudios de opinión.

FINJUS indicó que comprende la preocupación de la JCE sobre posibles manipulaciones mediante encuestas electorales, pero insistió en que cualquier restricción de esa naturaleza debe ser debatida y aprobada por el Congreso Nacional mediante una reforma legal.

“La vía reglamentaria no es simplemente incorrecta; es insuficiente en términos de legitimidad democrática para una restricción de esta envergadura”, expresó la entidad.

Finalmente, la fundación exhortó a que cualquier modificación relacionada con la regulación de encuestas electorales sea discutida ampliamente en el ámbito legislativo, garantizando equilibrio entre la transparencia electoral, la libertad de empresa y el derecho ciudadano a la información.