El Ministerio Público recusó este miércoles a la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acusándola de «parcialidad manifiesta» en el proceso judicial contra Hugo Beras, José Gómez y otros implicados en un presunto esquema de corrupción vinculado a la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.
El fiscal Jonathan Pérez Fulcar, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), fundamentó la recusación en lo que consideró decisiones reiteradamente favorables a los imputados, que incluyen la autorización de viajes al extranjero para José Gómez, a pesar de que pesa sobre él una orden de impedimento de salida del país.
Además, cuestionó la decisión de la jueza de devolverle a Gómez armas de fuego registradas a nombre de terceros, una acción que —según el fiscal— contradice precedentes en los que la misma magistrada actuó de manera más estricta bajo circunstancias similares.
“La jueza ha mostrado una línea de acción que favorece claramente a los imputados, violando el principio de imparcialidad que debe regir en estos procesos”, declaró Pérez Fulcar a la salida del tribunal. El Ministerio Público espera que la Corte de Apelación del Distrito Nacional acoja su recusación y evalúe los argumentos expuestos.
Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y Gómez, junto a otros funcionarios y contratistas, enfrentan cargos graves que incluyen estafa al Estado, coalición de funcionarios, falsificación, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad. Las autoridades señalan que la red criminal operó bajo el amparo de contratos simulados para desviar fondos públicos.
Entre los acusados también figuran Frank Díaz Warden, coordinador de despacho del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas.
La investigación, considerada una de las más contundentes del Ministerio Público contra la corrupción, incluyó allanamientos en residencias y oficinas de los implicados ubicadas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana, con la participación de más de 170 agentes policiales y 30 fiscales especializados.
Durante los operativos se incautaron numerosas pruebas documentales y electrónicas, que según el Ministerio Público, confirman el funcionamiento sistemático de la red delictiva.