Fiscalía de La Vega presenta cargos contra red acusada de mover más de RD$600 millones ilegal

LA VEGA.- La Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos y la Fiscalía de La Vega han presentado formalmente cargos contra Melvin Castillo Hernández, Angélica Inés Tejada Hernández y la empresa fachada White Castle Real State SRL. Se les acusa de operar una red ilícita centrada en el contrabando de mercancías, defraudación fiscal y lavado de activos en la provincia de La Vega.

Melvin Castillo Hernández fue detenido el 20 de enero de 2024, como resultado de una exhaustiva investigación llevada a cabo por la Fiscalía de La Vega. El arresto se produjo tras un allanamiento en el sector del Estadio Olímpico, donde las autoridades descubrieron un almacén repleto de bienes ilegales. Durante la redada, se incautaron 112 aires acondicionados, cientos de botellas de bebidas alcohólicas de diversas marcas, más de 10 millones de pesos en efectivo, un arma de fuego y diversas piezas de alto valor económico.

Una investigación financiera, solicitada por la Fiscalía de La Vega y llevada a cabo por la Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos, reveló que las transacciones bancarias de Castillo Hernández crecieron de forma exponencial entre 2022 y 2024, pasando de manejar solo RD$3,000 a un total de RD$585,586,839.98. Además, se detectaron otros RD$46,958,927.32, sumas que no pudieron ser justificadas legalmente. Se descubrió también que su madre, Angélica Inés Tejada Hernández, estaba implicada en la red como prestanombre, sin poder explicar el origen del cuantioso dinero.

La organización delictiva creó una empresa fantasma, White Castle Real Estate SRL, sin actividad operativa real, para facilitar el lavado de dinero. Durante los operativos más recientes, se realizaron cinco incautaciones, destacando la confiscación de una lujosa vivienda de tres niveles, un bar-colmado y otros bienes valorados en aproximadamente 25 millones de pesos.

Los imputados están acusados de violar múltiples leyes dominicanas, incluyendo la Ley 155-17 de Lavado de Activos, la Ley 17-19 de Tráfico Ilícito de Mercancías, la Ley 168-21 sobre Contrabando, la Ley 11-92 de Régimen Tributario, y la Ley 183-02 de Régimen Monetario y Financiero.

Las fiscales Ramona Nova Cabrera y Aura Luz García expresaron en un comunicado que la acusación refuerza el compromiso de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado, subrayando que cuentan con las pruebas suficientes para asegurar condenas ejemplares. La investigación fue liderada por Claudio Alberto Cordero Jiménez, procurador fiscal especializado en antilavado de activos.