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PUERTO PLATA.- La Fiscalía de Puerto Plata logró la imposición de un año de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra cinco personas acusadas de integrar una red criminal dedicada a la suplantación de identidad, estafa, chantaje y extorsión en línea.
Los imputados, identificados como Isidro Frica Santos, Alfonso María Paredes, Milandis Núñez, Mary Michelle Ulloa y Brailin Núñez, alias «El Mocho», utilizaban la identidad del coronel Aneurys Ruiz Álvarez, director del DICRIM en Puerto Plata, para cometer delitos en plataformas digitales y obtener dinero de manera fraudulenta.
Las investigaciones dirigidas por el fiscal Warlyn Tavárez, jefe de la Unidad de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, revelaron que la estructura criminal operaba desde el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe (CCR-1), donde los internos Frica Santos, Paredes y Núñez dirigían un centro de llamadas ilegal con acceso a internet.
Desde allí, ejecutaban estafas y extorsiones, logrando convencer a sus víctimas de transferirles grandes sumas de dinero.
Una intervención en el penal, con apoyo de la Dirección General de Prisiones, permitió el hallazgo e incautación de dispositivos móviles y otros equipos tecnológicos utilizados en las operaciones fraudulentas.
El grupo también contaba con colaboradores externos, como Mary Michelle Ulloa y Brailin Núñez, encargados de recibir los fondos obtenidos ilegalmente y manejar la logística de la operación delictiva.
La fiscal Maribel Reynoso presentó pruebas ante el juez Romaldi Marcelino Henríquez, de la Oficina de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata, logrando demostrar la vinculación de los acusados con violaciones a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, el Código Penal Dominicano, y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
El caso sigue en desarrollo y las autoridades continúan investigando para identificar otros posibles miembros de la red, que representa una seria amenaza a la seguridad digital y financiera en el país.
Los imputados cumplirán la medida coercitiva en el CCR-1 San Felipe, mientras avanzan las indagaciones sobre el alcance total de la organización criminal.
