REDACCIÓN INTERNACIONAL.-El fiscal general de Perú, Juan Carlos Villena, presentó este martes una denuncia constitucional contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y seis exministros por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves, entre otros cargos, a raíz de los muertos y heridos en las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023.
La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, informó en un comunicado, compartido en la red social X, que los hechos están referidos a las protestas sociales que dejaron 44 muertos y 116 heridos en nueve regiones del país, entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023.
Entre los fallecidos hay 41 víctimas por proyectil de arma de fuego y tres por golpes con objeto contundente, además hubo 78 heridos por arma de fuego, 27 por golpe con objeto contundente, 6 por bomba lacrimógena y 5 por otros objetos.
Las denuncias constitucionales son un procedimiento especial que se aplica a los altos funcionarios del Estado, entre ellos la presidenta, y que deben recibir luz verde del Congreso para que la cámara recomiende acusar a la persona investigada.
Los exministros denunciados son Pedro Angulo y Alberto Otárola, en su condición de presidentes del Consejo de Ministros, así como el mismo Otárola y Jorge Chávez como titulares de Defensa; y César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero como ministros del Interior.
Los cargos imputados son homicidio calificado, a título de comisión por omisión -dolo eventual en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos, en agravio de Cristian Rojas y otros.
Lesiones graves a título de comisión por omisión – dolo eventual en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos en agravio de Teófilo Ramírez y otros.
Además de lesiones leves, bajo las mismas condiciones, en agravio de Miguel Velásquez y otros.
La Fiscalía de la Nación precisó que se ha expedido una disposición de archivo por el delito de genocidio imputado a los mismos investigados.
De igual forma, señaló que existen 303 carpetas fiscales en las que se investigan a 824 personas por hechos vinculados a los delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, atentado contra los medios de transporte público, violencia contra la autoridad, disturbios, daños a la propiedad pública y privada, homicidio y lesiones, en agravio del Estado, miembros de las fuerzas del orden y otros ciudadanos.
A mediados de julio, la organización Amnistía Internacional señaló a Boluarte como responsable penal de las muertes ocurridas en las protestas, según las evidencias recogidas en un informe presentado en Lima.
«Dina Boluarte sabía lo que estaba pasando y no hacer suficiente para parar más muertes podría conllevar responsabilidades penales individuales», afirmó la investigadora para América del Sur de AI Américas, Madeleine Penman.
