Francisco Tavárez afirma que el problema de la seguridad social no es la Ley 87-01, sino su incumplimiento

SANTO DOMINGO.-El periodista y analista político Francisco Tavárez afirmó que las principales deficiencias del Sistema Dominicano de Seguridad Social no se originan necesariamente en la Ley 87-01, sino en la falta de aplicación de varias de sus disposiciones.

Durante su participación en RD Debate 2026, Tavárez sostuvo que la normativa contiene mecanismos destinados a proteger a los afiliados, pero aseguró que muchos no se cumplen correctamente o han quedado condicionados por los intereses de los distintos sectores que intervienen en el sistema.

La Ley 87-01, promulgada en mayo de 2001, creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social y regula las obligaciones del Estado, los empleadores y los ciudadanos en materia de protección social. Su alcance incluye el Seguro Familiar de Salud, las pensiones por vejez, discapacidad y sobrevivencia, así como la cobertura frente a riesgos laborales, maternidad y otras situaciones que afectan el bienestar de la población.

La legislación también establece la estructura institucional del sistema, dentro de la cual funcionan el Consejo Nacional de la Seguridad Social, las administradoras de riesgos de salud, las administradoras de fondos de pensiones y los organismos encargados de supervisar esas entidades.

Tavárez consideró que impulsar una modificación legal sin corregir previamente las fallas institucionales podría resultar insuficiente. A su juicio, cualquier reforma debe estar acompañada de mayor fiscalización y consecuencias para las entidades que incumplan sus responsabilidades.

Señaló que los afiliados continúan enfrentando restricciones de cobertura, elevados gastos de bolsillo y dificultades para acceder a medicamentos, estudios y procedimientos médicos, pese a realizar regularmente sus aportes.

También cuestionó la capacidad de los organismos reguladores para garantizar el respeto de los derechos de los usuarios frente a las decisiones adoptadas por las aseguradoras y los prestadores de servicios de salud.

Según Tavárez, el debate nacional no debe concentrarse solamente en modificar la Ley 87-01, sino también en revisar la actuación de las instituciones responsables de ejecutarla y supervisar su cumplimiento.

El analista planteó que cualquier transformación debe procurar que las contribuciones de trabajadores y empleadores se conviertan en servicios oportunos, mayor cobertura y una reducción efectiva de los gastos asumidos directamente por las familias.