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Por: Vanessa Valdez
SANTO DOMINGO.-La Fundación Primero Justicia ha presentado una acción de amparo constitucional ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) para que este ordene a la Asamblea Nacional Revisora y a la Junta Central Electoral (JCE) la realización de un referéndum aprobatorio que valide la reforma constitucional impulsada por el presidente Luis Abinader.
Entre los cambios que propone la reforma está la atribución del presidente para nombrar alcaldes y vicealcaldes, la reducción del número de diputados, y que los nuevos legisladores sean electos en 2028 utilizando el censo de 2010. La Fundación advierte que estos cambios restringen el derecho a elegir y ser elegido, así como el derecho de la ciudadanía a aprobar o rechazar reformas que afecten derechos fundamentales mediante referéndum, conforme lo establece el artículo 272 de la Constitución Dominicana.
Preocupación por la seguridad jurídica e institucionalidad
La Fundación Primero Justicia denuncia que la proclamación de la reforma sin referéndum constituye un grave atentado a la seguridad jurídica e institucional del país. Alertan que permitir modificaciones constitucionales sin el proceso adecuado sienta un precedente peligroso, ya que cualquier artículo podría ser cambiado en el futuro bajo la excusa de una “excepción” al referéndum, como lo plantea la disposición transitoria sexta de esta reforma.
“Con esta estrategia, se abre la puerta a modificaciones ilimitadas de la Constitución sin control ciudadano”, advirtió Surun Hernández, representante de la Fundación.
Impacto en la administración de justicia y atractivo del país para inversionistas
Hernández anunció que denunciarán en foros internacionales la crisis de institucionalidad que atraviesa el país, advirtiendo que esta situación afectará la administración de justicia y el estado de derecho, con consecuencias negativas para la atracción de inversiones en la República Dominicana. Hizo un llamado a la reflexión para evitar un daño irreparable al futuro institucional del país.
La reforma carece de validez sin referéndum
La Fundación también recordó que, según el artículo 267 de la Constitución, cualquier modificación a la Carta Magna debe cumplir estrictamente con los procedimientos establecidos. Por lo tanto, sin referéndum aprobatorio, la reforma proclamada el pasado domingo carece de validez y vigencia jurídica.
“Sin el referéndum correspondiente, la reforma no tiene ningún efecto legal. No existe como norma válida hasta que se cumpla con lo que manda la Constitución”, concluyó Surun Hernández.
