SANTO DOMINGO.- El presidente de la República, Luis Abinader, anunció este lunes que el avión confiscado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en territorio dominicano, que se vinculaba al gobierno de Nicolás Maduro, no estaba registrado a nombre del Estado venezolano, sino de un particular.
En una rueda de prensa semanal, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, aclaró que ni el gobierno dominicano ni el Ministerio Público participaron en la investigación que llevó a cabo Estados Unidos. La colaboración del gobierno dominicano se limitó a facilitar la cooperación internacional solicitada por las autoridades estadounidenses.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos confirmó la incautación de un avión Dassault Falcon 900EX, vinculado a Nicolás Maduro y a personas cercanas a su círculo, en territorio dominicano. La operación fue ejecutada como parte de las sanciones impuestas sobre Venezuela, y la aeronave fue transferida a Florida bajo la acusación de haber sido adquirida ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma.
Según la investigación, a finales de 2022 y principios de 2023, personas afiliadas a Maduro utilizaron una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal del avión a una empresa en el Distrito Sur de Florida. Posteriormente, el avión fue exportado de manera ilícita a Venezuela, donde se ha utilizado principalmente para vuelos desde una base militar, incluyendo viajes realizados por el propio Maduro.
El fiscal general de los Estados Unidos, Merrick B. Garland, declaró que esta acción envía un mensaje claro de que las aeronaves adquiridas ilegalmente no desaparecerán simplemente porque estén en manos de funcionarios sancionados. Añadió que su departamento continuará persiguiendo a quienes violen las sanciones y los controles de exportación, para evitar que se utilicen recursos estadounidenses que puedan comprometer la seguridad nacional.
La operación, que involucró a varias agencias estadounidenses, es parte de una estrategia más amplia para confiscar activos lujosos y de alto valor asociados a figuras del gobierno venezolano. En el pasado, Estados Unidos ha confiscado numerosos vehículos de lujo destinados a Venezuela, pero esta es la primera vez que se incauta un avión con tanta relevancia simbólica.
En paralelo, las tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela han continuado aumentando, especialmente tras las elecciones venezolanas de julio de 2023.
La negativa del Consejo Nacional Electoral de Venezuela a cumplir con estándares de transparencia y la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de ratificar la victoria de Maduro han sido duramente criticadas por el gobierno estadounidense.
Por su parte, el gobierno de Venezuela ha respondido afirmando que no debe explicaciones a Estados Unidos sobre la reelección de Nicolás Maduro, y acusando al Departamento de Estado de entrometerse en asuntos internos del país.