SANTO DOMINGO.- El Gobierno de República Dominicana afirmó que la entrega este lunes a las autoridades de Estados Unidos del avión oficial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que se encontraba en el país desde mayo pasado por cuestiones de mantenimiento, fue autorizada tras dos órdenes de la Justicia dominicana.
El ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, afirmó que el Gobierno no intervino en el proceso y que se limitó a cumplir con lo ordenado por los tribunales del país, al tiempo que aseguró que la aeronave no estaba a nombre de Maduro ni del Gobierno venezolano, sino de una empresa particular.
Álvarez, quien habló en la rueda de prensa de los lunes que ofrece el presidente dominicano, Luis Abinader, explicó que el Ministerio Público recibió una solicitud de cooperación jurídica internacional para que inmovilizara el avión por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, ante las investigaciones de ese organismo sobre que el aparato fuera fruto de actividades de fraude, contrabando de bienes y lavado de activos.
«Dicha aeronave estaba en el país desde mayo para fines de mantenimiento, ya que en el país hay servicios de buena calidad», indicó el canciller.
En respuesta a preguntas de los medios durante la rueda de prensa, Álvarez detalló que el 22 de mayo se recibió una orden de un tribunal competente dominicano que autorizó a inmovilizar la aeronave y «en el día de hoy, 2 de septiembre, se recibió otra orden jurídica autorizando la entrega a Estados Unidos, y el Ministerio Público lo entregó».
El diplomático reiteró que han sido los tribunales los que han verificado los méritos de la confiscación de la aeronave, ante solicitudes en ese sentido del Ministerio Público dominicano.
«Las informaciones sobre este asunto debe ofrecerlas el Ministerio Público, el Ministerio Público goza de autonomía y el Gobierno central no opina sobre esto. Nosotros (el Gobierno) nos enteramos de esa solicitud cuando recibimos la nota formal», afirmó el canciller.
Estados Unidos informó este lunes de que el avión oficial de Maduro había sido confiscado en República Dominicana con base en las violaciones de las sanciones que pesan sobre Venezuela.
A través de un comunicado, el Gobierno estadounidense confirmó la noticia filtrada previamente por CNN y comunicó la incautación de una aeronave Dassault Falcon 900EX propiedad de Nicolás Maduro y de personas afiliadas a él en Venezuela, que era operada a su nombre.
La aeronave fue incautada en República Dominicana con la asistencia de las autoridades del país y transferida a Florida (EE.UU.) por haber sido «comprada ilegalmente» por 13 millones de dólares «a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de los Estados Unidos para su uso por parte de Nicolás Maduro y sus compinches», denunció el fiscal general, Merrick B. Garland.
Por otra parte, el Gobierno de Venezuela, que tildó la confiscación de «piratería», anunció este lunes que se reserva el derecho a «emprender cualquier acción legal para reparar este daño a la nación, así como todos los otros daños causados por la política criminal» de Estados Unidos.
A juicio de Caracas, «esta no es una acción aislada», sino que «forma parte de una escalada de acciones contra el Gobierno», tras las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado oficial dio la victoria a Maduro, lo que no ha sido reconocido por numerosos países, toda vez que la oposición mayoritaria denuncia fraude y se adjudica la victoria.
Desde su adquisición, el avión ha sido utilizado casi exclusivamente para vuelos entre Venezuela y una base militar, beneficiando directamente a Nicolás Maduro y su círculo cercano. A pesar de la gravedad de la situación, el gobierno venezolano aún no ha emitido un comunicado oficial, aunque se espera que próximamente se ofrezcan más detalles sobre esta acción internacional que sigue escalando en importancia.
El fiscal general de EE.UU., Merrick B. Garland, denunció que la aeronave fue adquirida para el uso exclusivo de Maduro y sus asociados, subrayando que esta operación es un mensaje claro contra aquellos que intentan evadir las sanciones estadounidenses.