SANTO DOMINGO.- Este jueves, el Gobierno dominicano desestimó las acusaciones de Amnistía Internacional (AI), que lo señalan por implementar políticas migratorias racistas, por lo que la vicepresidenta Raquel Peña, en un acto público, defendió la postura del país, afirmando que lo que hace el país es proteger su soberanía.
En respuesta a las críticas, Peña subrayó que los organismos internacionales pueden expresar sus opiniones, pero exigió respeto hacia la soberanía nacional y las políticas implementadas, asegurando que estas no han perjudicado a los inmigrantes, independientemente de su origen.
«Estamos firmes en la defensa de nuestra soberanía, y en eso seguiremos», enfatizó la vicepresidenta.
Las declaraciones de Peña surgen tras un comunicado emitido por Amnistía Internacional, que urgía a las autoridades dominicanas a erradicar el perfilamiento racial y garantizar el respeto a la dignidad y derechos humanos de los inmigrantes, particularmente de los haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana.
La organización destacó la importancia de implementar políticas migratorias que respeten la dignidad humana, en un contexto donde, desde 2022, la República Dominicana ha liderado las deportaciones de haitianos en movilidad, a pesar de las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) de detener los retornos forzados a Haití debido a la crisis en ese país.
Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2023, la República Dominicana deportó a 208,166 personas haitianas, incluyendo a más de 20,000 menores.
En lo que va de 2024, ya se han deportado 98,594 personas, entre ellas más de 5,000 menores, a pesar de la situación crítica en Haití.
Amnistía Internacional ha señalado que muchas de estas deportaciones han sido colectivas, lo que viola el principio de no devolución y el derecho de asilo, según la organización.
La directora para las Américas de AI, Ana Piquer, instó al Gobierno del presidente Luis Abinader a comprometerse plenamente con la superación de los retos en derechos humanos denunciados en los últimos meses.
