El grupo de medios “El Demócrata” llevó a cabo el panel “Diagnóstico legal”, en el cual expertos del área de salud y justicia analizaron los casos de demandas por negligencia médica hacia los centros hospitalarios por parte de familiares de pacientes que han surgido en las últimas semanas.
El análisis, transmitido por Teleradio América canales 12 y 45, fue moderado por el director del Grupo de Medios “El Demócrata”, el comunicador Francisco Tavárez, y contó con la participación de los médicos Gustavo Güilamo, Severo Mercedes, Justo Nicasio, José Matos. Asimismo, con el presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana Administradora de Riesgos de Salud, (ADARS) José Manuel Vargas.
Durante su intervención, Gustavo Güilamo atribuyó el aumento de las demandas médicas a una transculturización en la cual los dominicanos han copiado de Estados Unidos el modelo en el cual se hacen demandas por malas prácticas a los diferentes centros médicos.
Asimismo, consideró que los galenos de clínicas privadas en el país trabajan sin ningún tipo de coordinación con el personal médico de los centros privados, por lo que en ocasiones ocurren malas prácticas médicas.
“Dos pacientes con la misma enfermedad no se comportan igual durante un procedimiento, por lo que las sociedades médicas deben poner más atención en la protocolización durante una intervención”. Dijo.
En ese orden , Severo Mercedes manifestó que un médico no puede ser responsable ante la justicia de una mala práctica hasta que un tribunal no lo demuestre, por lo que se tiene que establecer la relación entre los galenos y los pacientes en el ámbito legal.
Mercedes estimó que para evitar una demanda por negligencia médica es necesario el establecimiento de una historia clínica y respetar el derecho de la información que le da el galeno al paciente sobre los riesgos del procedimiento.
“En el país se debe establecer una relación médico-paciente a fin de disminuir las demandas por negligencia, el paciente tiene derecho a demandar, pero el galeno también, por lo que se debe abogar porque el ejercicio legal de la medicina esté protegido, porque el acto médico representa riesgo”, dijo.
Por su parte, Justo Nicasio consideró que se debe hacer un análisis profundo del sistema de salud en el país, a pesar de que la salud de algunos pacientes se complicara durante algunos procedimientos. Debe existir la prevención para evitar que se agrave una situación.
Sostuvo que ante una demanda médica, el peritaje debe ser tomado en cuenta, porque ningún médico debe ser llevado a un juicio sin que antes un panel de expertos conozcan el caso en detalle, e informe al juez si hubo mala práctica.
“Es importante que los tribunales tengan la competencia de someter una demanda a un análisis para ver si hubo negligencia, porque las demandas que se tienen actualmente han conllevado mucho tiempo y dinero”, dijo.
De su lado, José Matos señaló que la práctica médica debe ser despenalizada porque los doctores son personas que prestan servicios para devolver la salud a los pacientes, pero aparecen las situaciones adversas que pueden provocar un accidente.
“Antes de estos casos se han evidenciado que los médicos son llevados a juicio de fondo sin antes averiguarse si realmente existe una culpabilidad por parte del médico”, afirmó.
Matos, al ser consultado sobre que en los centros hospitalarios algunos pacientes son infectados con bacterias durante los procedimientos, indicó que existen protocolos que deben cumplirse dentro de los establecimientos de salud para evitar una infección.
En otro orden, José Manuel Vargas dijo que para evitar las malas prácticas médicas lo primero es que se deben llevar a cabo los protocolos y guías médicas durante los procedimientos, y la relación que existe entre los doctores y los pacientes.
Dijo que el sector de las aseguradoras no permite que exista corrupción ante las demandas en el sector médico, tras afirmar que el sector de justicia debe prepararse constantemente el área de derecho en salud, mediante medidas preventivas.
El Hospital Traumatológico Universitario y Docente Dr. Ney Arias fue condenado al pago de 10 millones de pesos a favor de Félix Julián Encarnación Feliz, quien perdió su pierna derecha luego de adquirir una bacteria tras ser operado en este centro de salud.
Mientras, Hospiten Santo Domingo fue condenado al pago de 500 mil pesos a favor de la señora Raquel Jovanka , luego de que la paciente sufriera el rompimiento de un vaso capilar, al recibir una inyección en el área de emergencia, donde acudió tras fracturarse el meñique del pie izquierdo y tardó seis meses en un proceso de seis meses para su recuperación.
En tanto, el Centro de Obstetricia y Ginecología y al doctor Adonis Lajara fueron condenados al pago de 350 mil pesos por inyectar dos dosis consecutivas de un medicamento denominado hidrato de cloral a un menor de dos años y seis meses atendido en el lugar y que desarrolló una gastritis eritematosa moderada con aumento del patrón vascular.
Asimismo, el Centro Médico Antillano fue condenado al pago de 4 millones 500 mil pesos por la muerte del periodista José Miguel Montero, de 46 años, después de someterse a una cirugía ambulatoria de nariz que abarcaría corrección del tabique, uvuloplastia y reducción del cornete.
Por su parte, la Clínica Corazones Unidas fue condenada al pago de más de 6 millones de pesos con dos sentencias emitidas por tribunales del Distrito Nacional, por mala práctica médica cometida en contra de dos pacientes.
Asimismo, el Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telecomunicaciones (Cedimat) también recibió una condena por la muerte de una mujer a causa de múltiples infecciones intrahospitalarias adquiridas después de someterse a una cirugía para eliminar un dolor de espalda a través de la descompresión del canal raquídeo.
