Guerra por RD$750 millones: ¿Quién se queda solo en la mesa con los 100 camiones de basura?

El proceso de adquisición de 100 camiones compactadores de basura convocado por el Ministerio Administrativo de la Presidencia bajo la Subasta Inversa MAPRE-CCC-SI-2026-0001, con un valor adjudicable de RD$750,000,000.00, acaba de entrar en su fase más turbulenta. El Demócrata recibió en primicia, con fecha 23 de abril de 2026, una comunicación formal suscrita por la empresa Meco Roger Dominicana, S.R.L., en la que uno de los proveedores habilitados en el proceso acusa directamente a otro oferente, MTE Group, de haber presentado documentación de garantía que, a su juicio, carece de respaldo real del fabricante declarado y podría configurar, en los términos de la Ley No. 47-25, la presentación de documentos falsos o inexactos ante el Estado dominicano.

El Demócrata ha dado seguimiento a este caso desde semanas atrás. En nuestro programa de investigación Develando la Verdad revelamos los primeros señalamientos sobre las condiciones del pliego, los cuestionamientos de la industria, la oposición de los propios proveedores del sector y las alarmas levantadas por periodistas especializados. Hoy, con este documento en mano, el conflicto escala a un punto que ya no admite silencio institucional.

Pero antes de entrar en el fondo de la acusación, conviene hacerse la pregunta que este diario considera más relevante: ¿a quién beneficia que los oferentes se descalifiquen entre sí para quedarse solos en la mesa con los 100 camiones de basura?

Porque hay un patrón que merece atención. Desde el diseño mismo del pliego de condiciones, varios actores del sector alertaron que los términos y requisitos establecidos parecían construidos para reducir el campo de competidores habilitados a un número muy pequeño, acaso uno o dos.

Cuando un proceso de esta magnitud empieza a exhibir esa dinámica, la guerra entre oferentes que hoy observamos no es necesariamente una señal de que el sistema funciona y se autorregula. Puede ser exactamente lo contrario: la fase final de una estrategia en la que el objetivo real nunca fue la competencia, sino la eliminación progresiva de competidores hasta dejar al Comité de Contrataciones con una sola opción viable o conveniente sobre la mesa. En ese escenario, RD$750 millones del erario público terminarían adjudicados sin competencia real, en condiciones que el propio proceso habría fabricado.

La carta recibida por El Demócrata, dirigida al Comité de Contrataciones Públicas del MAPRE y firmada por Ada Mariel Abreu de Lajara en representación de Meco Roger Dominicana, expone que MTE Group ofertó camiones compactadores bajo la marca ISUZU cuyo fabricante declarado es la empresa china Powerstar Trucks Industry Co., Limited, registrada en Hong Kong con número HK2220818 y planta en Suizhou City, Hubei, China.

El señalamiento central es que Powerstar no es un fabricante ni distribuidor autorizado por ISUZU Motors Limited de Japón, titular mundial de la marca. Lo que hace Powerstar, según el documento, es adquirir chasis ISUZU y montarles carrocerías de su propia fabricación, comercializando el resultado bajo la etiqueta ISUZU sin ningún acuerdo de distribución, ensamble ni garantía con la casa matriz japonesa.

La carta invoca además un precedente internacional relevante: en Filipinas, en 2019 y reiterado en 2021, ISUZU Motors Limited tuvo que emitir alertas legales formales advirtiendo que sus licenciatarias en China solo están autorizadas a producir para el mercado interno chino y no tienen permiso para exportar a países donde ISUZU tiene sus propios esquemas de distribución. La situación descrita en República Dominicana, según el documento, es estructuralmente idéntica.

Los fundamentos jurídicos son precisos. La carta invoca el numeral 9.2 del Pliego de Condiciones, modificado por la Enmienda No. 001 del 6 de abril de 2026, que exige como requisito no subsanable una Certificación de Garantía de tres años o 100,000 kilómetros. El argumento: Powerstar no forma parte del sistema de garantías de ISUZU Motors Limited, no tiene acceso a sus sistemas de diagnóstico propietarios, no puede suministrar repuestos originales bajo garantía y sus vehículos no están homologados por la casa matriz para uso en República Dominicana. La certificación presentada por MTE Group sería, en ese entendido, jurídicamente inejecutable frente al fabricante de la marca que se oferta.

La comunicación asciende al terreno penal con precisión quirúrgica. Cita el artículo 228, numeral 2, literal d) de la Ley No. 47-25, que establece inhabilitación de 7 a 10 años para quien presente documentación falsa o alterada en un proceso de contratación. Y llega hasta el artículo 233, que prevé penas de uno a tres años de prisión por falsedad en declaraciones juradas ante el Estado en el marco de una licitación, haya resultado adjudicado o no. La carta solicita al Comité que, de no desvirtuarse los indicios en el plazo previsto, remita las actuaciones al Ministerio Público.

Hay que decirlo con claridad: los señalamientos contenidos en este documento son alegaciones de un competidor directo, no de un juez ni de una autoridad de verificación independiente. Su veracidad está por confirmarse y corresponde al Comité de Contrataciones Públicas, en ejercicio de su función de debida diligencia, determinar si los indicios tienen sustento. El Demócrata los reporta como lo que son: una denuncia formal presentada ante el Estado, con firma, cédula y sustento jurídico, que la institución contratante tiene la obligación legal de atender.

Lo que sí puede afirmarse sin reservas es lo siguiente: un proceso que ha generado cuestionamientos desde su diseño, que ha sido señalado por la industria, por comunicadores y por este medio, y que ahora produce acusaciones cruzadas con implicaciones penales entre sus propios oferentes habilitados, no está en condiciones de producir una adjudicación legítima, independientemente de quién termine ganando.

Por eso El Demócrata hace un llamado directo al presidente Luis Abinader y al ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Navarro Bautista: este proceso debe ser cancelado. No porque la necesidad no exista, los municipios del país necesitan camiones compactadores con urgencia real, sino porque el mecanismo elegido para satisfacerla ha demostrado no reunir las condiciones mínimas de transparencia, integridad y competencia efectiva que exige una contratación de esta magnitud.

La propuesta de El Demócrata es concreta y ejecutable: que los RD$750,000,000.00 previstos para esta compra sean redistribuidos directamente a los ayuntamientos y distritos municipales en la misma proporción en que estaba prevista la entrega de los camiones, para que sean los propios gobiernos locales quienes conduzcan sus procesos de adquisición.

Las alcaldías conocen sus necesidades operativas, están más cerca de la ciudadanía que cualquier despacho ministerial y tienen, cuando se les proveen los recursos, la capacidad institucional de gestionar compras transparentes bajo la supervisión de la Contraloría General de la República y la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Un proceso descentralizado, supervisado y orientado a resultados genera menos concentración, menos conflicto entre grandes proveedores nacionales y mayor rendición de cuentas ante las comunidades que recibirán los equipos. El gobierno central debe proveer recursos y acompañamiento técnico. Los municipios deben resolver sus propios problemas.

El presidente Abinader tiene en sus manos una oportunidad. Dar la instrucción de parar este proceso es una señal de que en su gobierno, cuando un procedimiento se tuerce, se corrige. Lo que no puede aceptarse es que RD$750 millones del erario terminen adjudicados en condiciones fabricadas desde el propio diseño del pliego para garantizar que, cuando el polvo de esta guerra se asiente, solo quede uno con los 100 camiones de basura.

El Demócrata seguirá investigando.