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Por Yojanny Hernández.
La deportación masiva de haitianos indocumentados en el país ha generado una amplia ola de reacciones. Mientras el país defiende su derecho de regular la migración, el gobierno haitiano y algunos organismos internacionales lo han tildado de maltrato y xenofobia.
El primer ministro de Haití, Garry Conille, condenó las deportaciones masivas, calificándolas como una violación de la dignidad humana, por lo que anunció la creación de un comité interministerial para dar respuesta diplomática y humanitaria a la deportación “forzada y en masa” desde República Dominicana, que según él constituye una violación de los principios fundamentales de la dignidad humana.
Asimismo, la ministra de Exteriores de Haití, Dominique Dupuy, también se pronunció, criticandolas redadas y el trato hacia los haitianos indocumentados, calificándolas de “brutales y “deshumanizantes”.
Dupuy, escribió en su red social X que las brutales escenas de redadas y deportaciones que están presenciando son una afrenta a la dignidad humana y aseguró que esta política migratoria del Gobierno dominicano contraviene las normas internacionales en materia de derechos humanos, así como el imperativo del respeto a la dignidad humana.
«Condenamos enérgicamente estos actos deshumanizantes y exigimos respeto y justicia», añadió la ministra, quien indicó que ha informado de esta posición a las autoridades dominicanas y ha alertado a las instancias internacionales competentes.
De igual forma, el colectivo #HaitíRD, que representa a los haitianos en el país, también calificó este proceso como “cacería humana y amenaza de limpieza étnica” tras la orden para aumentar las deportaciones de extranjeros en situación irregular hasta alcanzar los 10.000 semanales, anunciada por el Gobierno dominicano el pasado 2 de octubre y que afecta en su inmensa mayoría a la comunidad haitiana.
En tanto, el Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT) denunció supuestas irregularidades que comete República Dominicana en un plan de expulsión masiva contra sus ciudadanos.
Alegó que entre ellas está la “flagrante violación” del protocolo de acuerdo sobre repatriaciones firmado en 1999, que prohíbe las expulsiones nocturnas y exige que haya una comunicación previa a las autoridades haitianas de las listas de personas a ser repatriadas.
En un comunicado divulgado por el diario Le National, el CPT indicó que tres mil ciudadanos fueron deportados entre el 5 y el 6 de octubre sin ningún respeto a estas disposiciones, y muchas de ellos se quedaron sin sus pertenencias personales o documentos de identidad.
El texto subraya, además, que hubo informes de abuso físico, trauma y menores no acompañados. Además de que fue prohibida la entrada de representantes consulares haitianos a los centros de detención temporal.
El pasado martes 8 de octubre, durante la reunión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde se trató el tema de las deportaciones, el embajador de Haití, Gandy Thomas, pidió a la OEA «reconocer esta política de deportación como lo que es, una campaña discriminatoria dirigida contra los haitianos por razón de su nacionalidad y color de su piel».
Posición de Organismos Internacionales
En el ámbito internacional, varios países y organismos también se han pronunciado. Durante una reunión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, los embajadores de Estados Unidos, Canadá, Guyana, Colombia y Panamá pidieron a República Dominicana que respete los derechos de los migrantes y abogaron por el diálogo entre ambos países, según informaciones de la agencia EFE.
El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, también señaló que la República Dominicana irrespetó varias convenciones internacionales, entre ellas la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.
La deportación en masa de haitianos en situación irregular sigue dividiendo a la opinión pública. Algunos sectores defienden estas medidas como necesarias para proteger los recursos nacionales y otros alertan sobre el riesgo de abusos y sus consecuencias sociales y económicas.
