Es el momento de abordar la corrupción en el sector privado. No podemos seguir enfocándonos únicamente en condenar a ministros y políticos, aunque tienen una gran responsabilidad al manejar fondos y recursos públicos.
Sin embargo, es prácticamente imposible que un funcionario actúe solo en estos actos de corrupción. Necesita la colaboración del sector privado.
Un funcionario no puede firmar cheques a su propio nombre. En su lugar, privilegia a proveedores, empresas constructoras o servicios que, en complicidad, desvían los recursos públicos. Es en esta combinación de político y empresario donde se completa el rompecabezas de la corrupción.
Los acuerdos de delación premiada del Ministerio Público pueden ser legales, pero el mensaje que envían es crucial. Debemos asegurarnos de que los empresarios que financian a políticos y defraudan al pueblo paguen por sus crímenes.
Casos recientes, como el de Fernando Crisóstomo devolviendo 1.100 millones de pesos y Milos Giménez, 700 millones, nos llevan a preguntarnos: ¿cuándo veremos a empresarios en el banquillo de los acusados, no solo como testigos?
La corrupción en el sector privado es igual o mayor que en el sector público. Sin la colaboración empresarial, defraudar al Estado no sería posible.
Es hora de sentar a los empresarios culpables, hacer acuerdos justos y asegurarnos de que paguen por lo que han robado.
¿Está de acuerdo? Leo sus comentarios.
Por: Francisco Tavárez (El Demócrata).