Hoy entra en vigencia un nuevo Código Penal, termina una espera, pero no el debate

Francisco Tavárez

A partir de hoy, la República Dominicana escribe una nueva página en la historia de su sistema de justicia. Después de más de veinte años de discusiones, consensos frustrados, reformas parciales y fuertes controversias, entra en vigor la Ley 74-25, el nuevo Código Penal que sustituye una legislación con más de 141 años de existencia.

No se trata simplemente de cambiar un conjunto de artículos por otros. Lo que hoy comienza representa la modernización del instrumento jurídico que define cuáles conductas constituyen delitos y cuáles serán sus consecuencias. Un Código Penal no es solo un texto legal; es el reflejo de los valores que una sociedad decide proteger y de las conductas que considera inaceptables.

Durante décadas, la República Dominicana aplicó un código heredado del siglo XIX, elaborado para una realidad completamente distinta. En ese entonces no existían los delitos informáticos, las nuevas modalidades de corrupción, los avances tecnológicos, las redes sociales ni muchas de las formas de criminalidad que hoy afectan a la sociedad. La necesidad de una actualización era innegable.

Sin embargo, el largo camino hasta su aprobación demuestra que legislar sobre materia penal nunca será un ejercicio sencillo. En los últimos meses el debate alcanzó uno de sus momentos más intensos, particularmente por las preocupaciones expresadas por periodistas, gremios profesionales, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en torno a posibles limitaciones a la libertad de expresión.

Es precisamente ahí donde el proceso legislativo mostró uno de sus aspectos más saludables: la capacidad de corregir. El Congreso Nacional acogió observaciones del Poder Ejecutivo y de diversos sectores sociales para introducir modificaciones importantes antes de la entrada en vigencia de la ley.

Entre ellas destaca la precisión del artículo 192, que limita el delito de difusión de audios o imágenes sin consentimiento a situaciones desarrolladas en el ámbito privado o cuando exista una expectativa razonable de confidencialidad. Igualmente, fueron reducidas las penas por perjurio y difamación, mientras que el artículo 211 incorpora una garantía fundamental para el ejercicio periodístico y la participación ciudadana: no constituirán difamación ni injuria las expresiones, opiniones o críticas relacionadas con actos de corrupción, políticas públicas, la función pública o asuntos de interés general, siempre que estén sustentadas en elementos probatorios o en una verificación razonable de la información.

Estas modificaciones no eliminan todas las inquietudes existentes, pero sí evidencian que el diálogo democrático puede producir mejores leyes.

La creación por parte del presidente Luis Abinader de una comisión integrada por reconocidos juristas, encabezada por Milton Ray Guevara, junto a figuras como Julio César Castaños Guzmán, Eduardo Jorge Prats, Alejandro Moscoso Segarra, así como los periodistas Persio Maldonado y Aníbal de Castro, envía además un mensaje importante: ninguna legislación es perfecta ni definitiva. El derecho penal debe evolucionar al mismo ritmo que evoluciona la sociedad.

Ahora comienza la etapa verdaderamente decisiva. La calidad de un Código Penal no dependerá únicamente de su redacción, sino de cómo sea interpretado y aplicado por fiscales, jueces, abogados y tribunales. Una buena ley mal aplicada puede generar injusticias; una ley perfectible administrada con independencia y respeto al debido proceso puede fortalecer el Estado de derecho.

La entrada en vigencia de este nuevo Código tampoco debe convertirse en una excusa para bajar la guardia frente a cualquier disposición que pudiera afectar derechos fundamentales.

La vigilancia ciudadana, el ejercicio responsable del periodismo y el control constitucional seguirán siendo herramientas indispensables para garantizar el equilibrio entre la persecución del delito y la protección de las libertades públicas.

Después de más de dos décadas de espera, la República Dominicana finalmente cuenta con un Código Penal adaptado a los desafíos del siglo XXI. Pero la verdadera prueba apenas comienza. D

esde hoy no solo se estrena una nueva legislación; también inicia el desafío de demostrar que es posible combatir con mayor eficacia la criminalidad sin renunciar a los principios democráticos, a la seguridad jurídica y al respeto irrestricto de los derechos fundamentales. Porque las leyes pueden cambiar de un día para otro. Lo verdaderamente difícil es lograr que la justicia cambie para bien.