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LA VEGA.- El Ministerio Público logró que se impusiera un año de prisión preventiva al subdirector del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, José Luis Agramonte, y a seis agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP), acusados de agredir físicamente a internos del penal ubicado en La Vega.
La medida cautelar fue dictada por la jueza Adaías Sánchez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega, quien además declaró el caso como de tramitación compleja.
Los implicados en el escándalo de abuso son el subdirector Agramonte, junto a los agentes Julio Alcibíades Montás Pérez, Robert De La Rosa, Joheny de Mora Moreta, José Benjamín Jerez Pérez, Ariel Meregildo y Santo Beltré Reyes, todos con 31 años de edad. Los agentes se enfrentan a serias acusaciones por su participación en actos de violencia y tortura contra los internos del CCR El Pinito.
Denuncias de abuso y tortura en el CCR El Pinito
El caso, conocido como «Caso Antídoto II», se destapó a raíz de una denuncia presentada el 30 de agosto de 2024 por la Comisión de Cárceles de la Oficina Nacional de la Defensa Pública. La denuncia alertaba sobre abusos sistemáticos y torturas en el centro penitenciario, lo que motivó una investigación que, hasta el momento, ha resultado en la detención de los siete implicados.
Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó una serie de pruebas documentales, periciales y testimoniales que demostraron la gravedad de los cargos. Entre las pruebas se incluyeron informes de tortura y maltrato, así como el testimonio de internos que fueron víctimas de los agentes acusados.
Uno de los casos más alarmantes que surgió de la investigación es la muerte de un interno, Wilgens Nicolás Vargas, quien falleció el 1 de septiembre de 2024 a causa de los maltratos sufridos bajo custodia. Su muerte es considerada como resultado directo de los abusos físicos por parte de los agentes penitenciarios.
Cargos penales y legislación aplicable
El Ministerio Público formuló cargos contra los acusados bajo varios artículos del Código Penal Dominicano. Los imputados enfrentan acusaciones graves, entre ellas tortura, homicidio agravado, abuso de autoridad y maltrato físico. Los cargos específicos incluyen los artículos 123, 124, 125, 186, 265, 266, 295, 302 y 303 del Código Penal, que tipifican los delitos de coalición de funcionarios, homicidio agravado, tortura y asociación de malhechores, entre otros.
Además de los cargos de tortura y homicidio, algunos de los agentes, como José Benjamín Jerez Pérez, Ariel Meregildoy Santo Beltré Reyes, enfrentan cargos adicionales por golpes y heridas voluntarias, así como el abuso de autoridad.
Un caso de impacto social y judicial
La decisión de la jueza Sánchez de declarar este caso como de tramitación compleja refleja la seriedad de las acusaciones y la cantidad de pruebas involucradas en el proceso judicial. Este caso pone de relieve una grave problemática dentro del sistema penitenciario dominicano, en el cual se han denunciado varios casos de abusos y condiciones inadecuadas para los internos.
