Jacobo Ramón advierte consecuencias políticas si se afecta la cesantía

SANTO DOMINGO.-El diputado por la provincia San Pedro de Macorís y presidente de la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Jacobo Ramón, expresó su preocupación ante el estancamiento de la reforma laboral en el Congreso Nacional y advirtió sobre las consecuencias de reabrir el diálogo en torno a puntos ya consensuados.

El legislador recordó que el proceso de discusión del Código Laboral se extendió por 13 años, atravesó tres gobiernos y culminó con un año y medio de debates intensos entre los distintos sectores, logrando finalmente un consenso que fue entregado al presidente Luis Abinader, quien posteriormente lo remitió al Congreso.

Ramón explicó que la pieza fue aprobada en el Senado y actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados, en comisión, donde solo restan 12 artículos por revisar. En ese sentido, cuestionó la intención de algunos sectores de retomar el diálogo.

“¿Por qué volver al diálogo si ya hubo consenso? El sector empresarial sigue presionando para ver si existe la posibilidad de eliminar la cesantía, y eso no va a pasar”, afirmó.

El dirigente sindical advirtió que cualquier intento de modificar lo ya pactado, especialmente en lo relativo a la cesantía laboral, podría generar conflictos sociales no deseables y poner en riesgo la paz laboral que, según indicó, ha caracterizado a la República Dominicana durante los últimos 30 años.

Asimismo, sostuvo que la comisión correspondiente debe ser convocada conforme a los reglamentos internos de la Cámara de Diputados para continuar con la revisión y proceder a la aprobación de los artículos pendientes.

“Lo que se apruebe allí debe prevalecer, no la voluntad del sector empresarial que insiste en una reforma regresiva que lesione los intereses de los trabajadores”, enfatizó.

Finalmente, Ramón consideró que el Congreso deberá decidir entre la presión empresarial o la defensa de los derechos laborales, especialmente la cesantía, que calificó como la principal conquista del Código Laboral vigente. Advirtió que cualquier acción que atente contra ese derecho tendría consecuencias políticas para quienes la respalden.