El juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, emitió un auto de no ha lugar a favor de la imputada en el caso Medusa.
Sara María Fernández, esposa del también imputado José Moya, y junto a quien, presuntamente, actuó en complicidad para introducir facturas con contenido falso y así estafar las arcas del Estado.
Juan Hiroito Reyes, abogado de Fernández, sostuvo que pese a que la acusaron de asociación de malhechores y falsificación de documentos, Fernández solo tenía una participación de accesoriedad en la empresa, razón por la que, entiende que el juez Amauri Martínez no la enviará a juicio de fondo.
Aunque Sara María Fernández no dio más detalles al abordarla la prensa, su esposo y también imputado en el caso, Miguel Moya manifestó estar agradecido con la decisión del tribunal.
Presuntamente, actuó en complicidad con su esposo para introducir facturas con contenido falso, y así estafar las arcas del Estado.
Acuerdos deben ser homologados
Las decenas de acuerdos que ha arribado el Ministerio Público con imputados en corrupción para lograr confesiones de culpabilidad, devolución de dinero sustraído al erario y colaboración en su proceso investigativo, ha desatado controversias en la palestra pública. En un almuerzo que ofreció la procuradora general Miriam Germán Brito a directivos de medios de comunicación, se explicó la utilidad de este procedimiento.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, tomó la palabra para defender el cuestionado procedimiento. Lo primero que aclaró fue que los ´´acuerdos no son ilegales, son legítimos, y que este procedimiento no se lo inventó la República Dominicana, al citar ejemplos de países como Estados Unidos que realiza estos pactos con imputados en alguna acción criminal en busca de someter y que sea condenado un ‘culpable mayor'».
Ortiz indicó que con estos acuerdos no supone una absolución de los cargos. De hecho, aseguró que todos serán condenados, así como sucedió con Francisco Pagan, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), quien tras firmar un acuerdo con el Ministerio Público devolvió bienes y 10 millones de pesos al Estado y fue sentenciado a cinco años de prisión (de los cuales cumple un año y once meses en modalidad de arresto domiciliario y el resto del tiempo se le restó de la medida de coerción que pesaba contra él).
Citó: ´»En el caso Medusa hay más de 25 acuerdos con personas que fueron sometidos a la justicia, muchas de esas personas admitieron su responsabilidad y aceptaron la pena, van a salir condenados con penas además de la devolución del dinero».