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Juez ordena libertad de comunicadores acusados tras denuncia de sustracción en Migración

por La redacción
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SANTO DOMINGO.- El juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictaminó este sábado la libertad de los comunicadores Francisco y José Alcántara, quienes fueron detenidos tras denunciar el supuesto robo de dos aires acondicionados pertenecientes a la Dirección General de Migración (DGM).

Los hermanos Alcántara habían sido arrestados el jueves después de una querella presentada por los padres de un empleado de esa institución estatal, involucrado en el caso.

Jean Cristofer Pérez, abogado de los comunicadores, informó que el tribunal decidió liberar a los hermanos bajo la medida de presentación periódica, considerando que el delito imputado no era de gravedad. Según el abogado, los comunicadores estaban cumpliendo con sus funciones periodísticas cuando grabaron los equipos, que supuestamente se encontraban en una propiedad de los padres de Thomas Beras, el empleado de la DGM implicado en el incidente.

El defensor también señaló que en los próximos días se presentará una solicitud ante la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) para que se investigue lo que calificó como un posible «timo en la Dirección General de Migración».

Un comunicado de prensa reveló que, a pesar de dos reuniones en la fiscalía comunitaria del Ensanche La Paz entre los padres de Beras y los hermanos Alcántara, no se logró llegar a un acuerdo de conciliación. Los padres del empleado estatal habían exigido 20 millones de pesos como compensación por daño moral.

«Ellos estaban cumpliendo con su deber social, respondiendo a un llamado de los vecinos que denunciaban la sustracción de bienes públicos», destacó Cristofer Pérez, defendiendo las acciones de los comunicadores. Los hermanos Alcántara fueron llamados al lugar para cubrir el incidente y visibilizar el caso en beneficio de la sociedad dominicana, añadió el abogado.

El caso sigue generando atención pública y podría implicar futuras investigaciones sobre irregularidades en la Dirección General de Migración.

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