La cooperativa de los maestros no coopera con ellos

Francisco Tavárez

En la República Dominicana existe una contradicción que merece ser analizada con detenimiento. Durante décadas, uno de los reclamos más constantes del sector educativo ha sido la necesidad de mejorar las condiciones salariales de los docentes. Se argumenta, con razón, que la calidad de la educación está estrechamente vinculada a la dignificación de quienes tienen la responsabilidad de formar a las futuras generaciones.

Sin embargo, recientes informaciones divulgadas sobre contratos millonarios y salarios elevados en instituciones vinculadas al magisterio han puesto en evidencia una realidad que resulta difícil de ignorar: mientras los maestros continúan reclamando mejores ingresos, algunas de las entidades que viven de los aportes y descuentos realizados a esos mismos docentes pagan remuneraciones que superan ampliamente las de un profesor de aula.

La situación genera una paradoja inquietante. Por un lado, el maestro dominicano es presentado como un trabajador cuyos ingresos resultan insuficientes para responder a las exigencias de una profesión cada vez más compleja. Por otro, organismos que existen precisamente para servir a ese sector manejan estructuras salariales que en algunos casos parecen más cercanas a las de grandes corporaciones que a las de instituciones de servicio cooperativo o gremial.

Las revelaciones sobre contratos de asesoría y remuneraciones elevadas en la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA) han reabierto el debate sobre la administración de los recursos generados por los propios educadores. Independientemente de la legalidad de dichos contratos, la discusión trasciende el aspecto jurídico para entrar en el terreno ético. ¿Cómo justificar que una institución financiada en gran medida por los aportes de los maestros pueda destinar sumas considerables a asesores y ejecutivos mientras buena parte de sus asociados continúa considerando insuficientes sus ingresos?

La contradicción no se limita a la cooperativa. También alcanza al ámbito gremial. La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), cuya misión principal es la defensa de los intereses de los docentes, se sostiene gracias a las cuotas descontadas directamente de los salarios de sus afiliados. Sin embargo, en numerosas ocasiones ha surgido el debate sobre los privilegios y beneficios que reciben algunos dirigentes y empleados de la estructura gremial en comparación con la realidad económica que enfrentan los maestros que representan.

Se produce entonces un fenómeno peculiar: el maestro parece ocupar el último escalón de una cadena económica construida alrededor de su propio trabajo. El Estado le paga un salario que muchos consideran insuficiente; luego, de ese salario se realizan descuentos para financiar organizaciones destinadas a protegerlo y servirle; pero quienes administran esas organizaciones terminan percibiendo ingresos considerablemente superiores a los de quienes generan los recursos que las sostienen.

Desde una perspectiva económica, esto plantea una pregunta fundamental: ¿quién se beneficia realmente del sistema? Si las instituciones creadas para defender y fortalecer al magisterio terminan ofreciendo mejores condiciones salariales a sus funcionarios que las que recibe el docente que trabaja diariamente en el aula, se corre el riesgo de invertir el propósito para el cual fueron concebidas. El servidor pasa a estar en mejores condiciones que aquel a quien debería servir.

No se trata de cuestionar que profesionales especializados reciban remuneraciones acordes con sus responsabilidades. Toda organización necesita personal capacitado y bien compensado. Lo que resulta legítimo discutir es la proporcionalidad y la coherencia institucional. Una cooperativa de maestros o un gremio magisterial no pueden perder de vista que su razón de ser es el bienestar de sus asociados. Cuando las diferencias salariales entre la base y la estructura administrativa se vuelven excesivas, inevitablemente surgen interrogantes sobre las prioridades de la institución.

La verdadera dignificación del magisterio no puede limitarse a exigir aumentos salariales al Estado mientras se guarda silencio frente a prácticas administrativas cuestionables dentro de las organizaciones que representan a los docentes. La transparencia, la rendición de cuentas y la austeridad deben ser valores compartidos tanto por las autoridades gubernamentales como por las entidades vinculadas al sector educativo.

La paradoja del magisterio dominicano es que quienes producen el conocimiento, forman ciudadanos y sostienen con su trabajo el sistema educativo son, muchas veces, quienes menos se benefician de las estructuras creadas en torno a ellos.

Resolver esta contradicción exige una reflexión profunda sobre el uso de los recursos, la misión de las instituciones magisteriales y el compromiso real con la dignificación de la profesión docente. Porque una organización que vive de los maestros debería tener como principal prioridad mejorar la vida de los maestros, no convertir en privilegiados a quienes administran sus aportes.