La crisis que no elegimos y el pacto que sí debemos elegir

Francisco Tavárez

La República Dominicana vuelve a enfrentar un viejo fantasma: un choque externo que amenaza con desordenar la economía, encarecer la vida cotidiana y poner a prueba la estabilidad que tanto ha costado construir. Esta vez, el detonante no es interno. Es la escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán, un conflicto que ha disparado los precios del petróleo y ha reconfigurado las rutas de suministro global. Somos un país altamente dependiente de la energía importada; cada dólar que sube el barril se siente en la factura eléctrica, en el transporte, en los alimentos y, finalmente, en el humor social.

Frente a este escenario, el Gobierno ha convocado a expresidentes, empresarios y actores sociales a discutir medidas de mitigación. Es un gesto que reconoce una verdad incómoda: ninguna administración, por sí sola, puede absorber el impacto de una crisis internacional de esta magnitud sin un acuerdo político amplio. Pero la pregunta clave no es si debemos pactar, sino qué tipo de pacto necesitamos.

La advertencia de la historia: Obama y la ilusión del consenso

La historia reciente ofrece un espejo útil. Cuando Barack Obama asumió la presidencia de Estados Unidos en enero de 2009, lo hizo en medio de una de las peores crisis financieras de la historia moderna. En los tres meses previos a su juramentación se habían perdido más de 650,000 empleos, el desempleo rondaba el 7 %, Lehman Brothers había colapsado, la bolsa se desplomaba y el gobierno saliente había aprobado un rescate bancario de emergencia. A eso se sumaban tensiones sobre el techo de la deuda, el inicio de la reforma de salud y las guerras de Irak y Afganistán.

Obama llegó con la convicción de que podía unir a demócratas y republicanos para enfrentar la crisis. Convocó reuniones, buscó consensos, abrió la puerta al diálogo. Lo que no sabía —según reportes periodísticos y testimonios posteriores— era que líderes legislativos del Partido Republicano habían sostenido una reunión privada en un restaurante de Washington la noche de su juramentación, donde acordaron una estrategia de oposición total, descrita por algunos analistas como “presión a cancha completa”. La decisión era bloquear cualquier iniciativa que llegara al Congreso, independientemente de su contenido. No querían ser “oposición en minoría” durante largos años.

La lección es clara: no basta con convocar al diálogo; es necesario que los actores políticos estén realmente dispuestos a asumir costos compartidos. Sin esa voluntad, incluso las mejores propuestas se convierten en ejercicios retóricos.

La percepción ciudadana: liderazgo o evasión

Pero hay un elemento adicional que no puede ignorarse: la percepción ciudadana. Entre amplios sectores de la población circula la idea de que la búsqueda de un pacto nacional es, en realidad, una forma del Gobierno de evadir su responsabilidad de gobernar, trasladando el costo político de las decisiones a la oposición. Para algunos, convocar a expresidentes y líderes empresariales no se interpreta como fortaleza institucional, sino como un intento de compartir el riesgo de medidas impopulares.

Esa percepción se intensifica cuando se observan gestos simbólicos —como enviar funcionarios a reunirse con la Iglesia católica para pedir oraciones por una solución— que ciertos sectores leen como señales de debilidad o desconcierto en el manejo de la crisis. Más allá de si esa lectura es justa o no, lo cierto es que la política no se mueve solo por hechos, sino por percepciones, y cualquier pacto que aspire a ser legítimo debe partir de un entendimiento claro de ese clima social.

La experiencia internacional muestra que, en tiempos de crisis, la ciudadanía exige liderazgo firme, claridad en las decisiones y una narrativa coherente. Si el Gobierno no logra transmitir que el pacto es una herramienta de gobernabilidad —y no un escudo político—, corre el riesgo de que la iniciativa nazca con déficit de confianza.

El límite de los parches

Las medidas adoptadas hasta ahora —subsidios a combustibles, apoyo a insumos agrícolas, contención de precios— cumplen una función inmediata: evitar que el golpe llegue de forma abrupta a los hogares. Pero todos sabemos que los subsidios generalizados son una manta corta. Protegen hoy, comprometen mañana. Y si algo ha demostrado la historia económica dominicana es que desmontar un subsidio es más difícil que crearlo.

Por eso, insistir únicamente en amortiguar el impacto es insuficiente. El país necesita una estrategia que combine alivio inmediato con transformaciones estructurales que reduzcan nuestra vulnerabilidad frente a crisis externas. No se trata de administrar la tormenta, sino de aprender a navegarla.

Tres frentes donde el país no puede improvisar

1. Fiscal: gastar mejor, no solo gastar más

La discusión no puede limitarse a cuánto dinero se destina a subsidios, sino a cómo se distribuye el sacrificio. Si se pide esfuerzo a la población, también debe pedirse a quienes concentran mayores beneficios fiscales. Revisar exenciones regresivas no es un castigo; es una cuestión de equidad y responsabilidad.

Además, el país necesita reglas claras: un esquema transparente que defina hasta dónde el Estado puede absorber el aumento del petróleo y bajo qué condiciones se ajustará. La incertidumbre es enemiga de la estabilidad.

2. Energía: la vulnerabilidad que siempre posponemos

Cada crisis petrolera nos recuerda lo mismo: dependemos demasiado de un recurso que no controlamos. La transición hacia energías renovables no es un lujo ambiental; es una necesidad económica y geopolítica. Acelerar proyectos solares y eólicos, diversificar proveedores de combustibles y electrificar el transporte público no son ideas futuristas. Son decisiones que debieron tomarse hace una década.

3. Alimentos: la seguridad que empieza en el campo

La inflación alimentaria es el detonante social más peligroso. Proteger la producción local de rubros esenciales, invertir en riego, almacenamiento y cadena de frío, y apoyar a pequeños productores no es asistencialismo: es blindaje estratégico. Un país que no puede garantizar su propia comida es un país permanentemente en riesgo.

Un pacto que no sea foto

La convocatoria al diálogo es un paso necesario, pero no suficiente. El país ya ha visto demasiadas mesas de trabajo que terminan en comunicados vacíos. Lo que se necesita ahora es un acuerdo verificable, con compromisos medibles, costos explícitos y un mecanismo de seguimiento público. Un pacto donde cada sector —Estado, empresas, partidos, ciudadanía— asuma su parte del esfuerzo.

La crisis no la elegimos. Pero la respuesta sí. Y en esa elección se juega no solo la estabilidad económica, sino la credibilidad de nuestras instituciones y la confianza de una población que, con razón, exige algo más que discursos tranquilizadores.

La pregunta no es si podemos permitirnos un pacto. La pregunta es si podemos permitirnos no tenerlo.