La deuda que heredarán nuestros hijos

Francisco Tavárez

La aprobación en el Senado de dos nuevos préstamos por aproximadamente 600 millones de dólares vuelve a colocar sobre la mesa un tema crucial para el futuro de la República Dominicana: el acelerado crecimiento de la deuda pública.

Particularmente llama la atención un préstamo de 200 millones de dólares destinado a acciones climáticas, cuando en los últimos años el país ya ha recibido financiamientos similares que superan los 1,400 millones de dólares sin que la ciudadanía conozca con claridad los resultados concretos de esas inversiones.

Desde agosto de 2020 hasta la fecha, el gobierno del presidente Luis Abinader ha mantenido una política de fuerte endeudamiento. Sin embargo, al analizar las cifras es importante distinguir entre deuda bruta, deuda neta y refinanciamiento.

Diversos datos oficiales indican que una parte importante de los préstamos contratados ha sido utilizada para amortizar obligaciones anteriores y sustituir deuda vieja por nueva. Según cifras citadas por organismos oficiales y economistas, entre 2020 y 2025 el endeudamiento neto habría aumentado en aproximadamente 19 mil millones de dólares, aunque los desembolsos totales contratados son considerablemente mayores.

¿Ha tomado este gobierno más préstamos que los veinte años del PLD? La respuesta depende del indicador utilizado.

En términos absolutos, el volumen de financiamiento contratado durante estos casi seis años es extraordinariamente alto y podría rondar los 50 mil millones de dólares si se suman emisiones, refinanciamientos y nuevos préstamos aprobados.

Sin embargo, comparar esa cifra directamente con los gobiernos del PLD puede resultar engañoso porque una parte significativa corresponde a sustitución de deuda existente. Lo que sí es indiscutible es que el saldo total de la deuda pública ha seguido creciendo.

Al cierre de 2019, la deuda del Sector Público No Financiero era de aproximadamente 35,900 millones de dólares, equivalente al 40.4% del PIB. Actualmente, la deuda consolidada del país supera los 80 mil millones de dólares y representa cerca del 59 % del PIB cuando se incluye la deuda del Banco Central. Esto significa que en apenas seis años el monto total de la deuda se ha incrementado en más de 30 mil millones de dólares.

Los defensores de la política gubernamental argumentan que la relación deuda-PIB se ha mantenido relativamente estable gracias al crecimiento económico. De hecho, la economía dominicana ha mostrado una expansión superior a la mayoría de los países de la región, lo que ha evitado que el peso relativo de la deuda se dispare. Sin embargo, esta visión omite un elemento fundamental: aunque el porcentaje sobre el PIB no aumente dramáticamente, cada año el Estado debe destinar más recursos al pago de intereses y amortizaciones.

Ese es precisamente el riesgo para las futuras generaciones. Mientras más recursos se dediquen al servicio de la deuda, menos dinero estará disponible para educación, salud, seguridad ciudadana, infraestructura y programas sociales. La deuda no es necesariamente negativa cuando financia proyectos productivos capaces de generar crecimiento económico futuro. El problema surge cuando los préstamos financian gasto corriente, programas de resultados inciertos o iniciativas cuya rentabilidad social no puede ser demostrada.

La pregunta que debería hacerse la sociedad dominicana no es únicamente cuánto se está tomando prestado, sino qué resultados concretos está obteniendo el país a cambio de ese endeudamiento. Cuando se aprueban miles de millones de dólares para transporte, resiliencia climática, modernización institucional o infraestructura, los ciudadanos tienen derecho a exigir indicadores claros de impacto y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

La República Dominicana todavía no enfrenta una crisis de deuda como la que han vivido otros países latinoamericanos. No obstante, la trayectoria actual muestra una tendencia preocupante: cada año el Estado necesita más financiamiento para sostener sus operaciones. Si el crecimiento económico se desacelera o las tasas de interés internacionales aumentan, el margen fiscal podría reducirse considerablemente.

En definitiva, el debate no debe centrarse únicamente en quién tomó más préstamos, si el PLD o el PRM. La verdadera discusión es si el país está utilizando el endeudamiento para construir riqueza futura o simplemente para trasladar obligaciones crecientes a las próximas generaciones. Las cifras indican que la deuda sigue aumentando; lo que aún está por demostrarse es si los beneficios obtenidos justifican plenamente ese costo.