Por: Francisco Tavárez (El Demócrata)
Me atrevo a decir que la situación de Ecuador y su posible impacto en otros países de Latinoamérica debido al crimen organizado ha sido un tema recurrente en las altas esferas del poder, sin importar el país. ¿Por qué? Porque todos podríamos estar enfrentando esta situación; hablamos de un país que tenía todo y ahora está sumido en una violencia frenética.
Cuando creíamos que las recientes medidas podrían ser una barrera necesaria, aunque no la única, para reducir la escalada de violencia, nos despertamos con la trágica noticia del asesinato de Brigitte García, la alcaldesa más joven de Ecuador. Este hecho envía distintos mensajes no solo a Ecuador, sino también a nuestros países en la región. Recordemos que el crimen organizado y el narcotráfico han permeado importantes esferas del poder, y nuestro país no es una excepción.
A las organizaciones criminales les interesa controlar el territorio, por lo que necesitan influir en la política a través de figuras locales como los alcaldes. Es evidente que Brigitte no representaba los intereses de estos grupos, y ante la falta de iniciativas por parte de las autoridades ecuatorianas para crear y promover estrategias de seguridad efectivas, así como una política firme y decidida contra la criminalidad, estos grupos criminales han obtenido una peligrosa ventaja al eliminar a quienes políticamente no les son convenientes.
¿Por qué la situación de criminalidad en Ecuador es más relevante de lo que pensamos para nuestra región? Porque hablamos de uno de los países que hasta el año 2019 era considerado uno de los más seguros, con una de las tasas más bajas de muertes violentas por habitante. Sin embargo, esa época de paz no anticipó los hilos tensos que se tejían con el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado, compuestos por grupos violentos que gradualmente se apoderaron de territorios clave e infiltraron la esfera política para consolidar su poder.
¿Cómo es posible que un país con una seguridad ciudadana envidiable y un turismo en crecimiento se convirtiera en uno de los más violentos, comparable a Irak? Diversos estudios han concluido que la falta de un sistema penitenciario robusto y eficiente, la influencia del narcotráfico en la política, la desigualdad y la corrupción en todos los niveles son solo algunos de los elementos que han llevado a este país hacia la autodestrucción.
Si analizamos la situación en nuestros propios países, seguramente encontraremos que al menos uno de estos elementos está presente. En la República Dominicana, además de otros factores, la reciente crisis penitenciaria es más que evidente, lo cual es una clara señal de hacia dónde podríamos dirigirnos si no actuamos rápidamente.
Cuando consideramos cómo evitar que la crisis de violencia se convierta en una espiral que afecte nuestra sociedad, pensamos en El Salvador, un país que ha sido la antítesis de Ecuador y muchos otros afectados por el crimen organizado. Sin embargo, a largo plazo, ¿son sostenibles las políticas y medidas implementadas por el presidente Bukele para erradicar las sociedades criminales? ¿Es la mano dura el antídoto?
Se le acusa de ser populista con medidas insostenibles, pero el presidente Bukele ha logrado algo impensable para El Salvador, un país que durante décadas ha representado la involución de los derechos más básicos de sus ciudadanos. El programa de Bukele se ha centrado en una reforma penitenciaria ampliamente necesaria, quitando el rol protagónico a las pandillas. De estar en las sombras y controlado por la criminalidad, El Salvador ha logrado una tasa de homicidios increíblemente baja para un país conocido por la violencia implacable de sus grupos criminales.
¿Es populista la postura del presidente Bukele o infringe los derechos de los presidiarios? Es una pregunta que seguirá en debate, pero hoy en día algo es seguro: la ciudadanía salvadoreña puede respirar tranquila con una de las tasas de homicidios más bajas de la región, una cifra impensable antes de la llegada de su actual presidente. Sin duda, las medidas implementadas por Bukele necesitarán ajustes, pero no podemos ignorar esta nueva realidad salvadoreña, especialmente cuando lo que hemos aplicado en términos de seguridad ciudadana y criminalidad no ha funcionado.