REDACCIÓN INTERNACIONAL.-El fiscal anticorrupción peruano José Domingo Pérez ratificó este martes ante un tribunal su petición para que la líder política Keiko Fujimori sea condenada a 30 años y 10 meses de cárcel por cuatro delitos presuntamente cometidos durante la financiación de sus campañas electorales de 2011 y 2016.
«En total, la pena concreta solicitada para la acusada Keiko Sofía Fujimori Higuchi es de 30 años y 10 meses de pena privativa de la libertad, 730 días de multa e inhabilitación de 15 años y 5 meses», detalló Pérez durante la reanudación de las audiencias del juicio oral que sigue el Tercer Juzgado Penal Nacional contra la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y otras 45 personas.
Al momento de especificar la acusación y la pena para cada imputado, el fiscal consideró que Fujimori debe ser condenada por el delito de organización criminal, en calidad de líder, por dolo directo y como autor directo, y por el delito de lavado de activos agravado, con autoría mediata (dominio del hecho) y material.
Además, por el delito de obstrucción a la justicia agravado y por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo.
Durante la audiencia, a la que no asistió Fujimori pero sí su abogada, Giulliana Loza, el fiscal calificó al partido de la líder política como una «organización criminal» que, según dijo, buscó «desarrollar su actividad criminal, pero sin ser sancionado».
«Están buscando impunidad, lo que establece la naturaleza propia de esta clase de organizaciones criminales que se llevan a los tribunales. Hay planificación, pero también hay ejecución», acotó.
El juicio oral contra Fujimori y otros acusados fue instalado el pasado 1 de julio, luego de que el Tercer Juzgado Penal declaró improcedente la petición de varios abogados defensores para que ordene la nulidad del proceso.
El tribunal enfatizó que a lo largo del juicio controlará las pruebas admitidas y va «a ser exigente» con que la Fiscalía «debe señalar el marco fáctico por imputado».
El Poder Judicial precisó que, en total, son 46 acusados por este caso, a los que la Fiscalía atribuye la supuesta comisión de los delitos de organización criminal, lavado de activos, falsa declaración en proceso administrativo, falsedad genérica y obstrucción a la justicia.
Según el equipo fiscal que investiga el caso Lava Jato en Perú, los presuntos aportes ilegales recibidos por el partido de Fujimori para las campañas de 2011 y 2016 ascienden a 17 millones de dólares.
Esos aportes, señala la Fiscalía, tuvieron como fuentes principales a Odebrecht y los grupos nacionales Credicorp, Rasmussen, la Confederacióón Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y el empresario Luis Calle.
Al citar los hechos vinculados con el delito de lavado de activos, entre los años 2011 y 2016, Pérez recordó que Odebrecht reconoció ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos que pagó sobornos para financiar campañas políticas en el extranjero con sus ganancias de la corrupción.
