Por: Leonardo Gil
La República Dominicana enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia reciente: contener, con recursos limitados y prácticamente sola, el desbordado flujo migratorio irregular proveniente de Haití. Lo que alguna vez fue considerado un problema de “control fronterizo” ha evolucionado hacia una amenaza directa contra nuestra seguridad nacional, la soberanía territorial y la estabilidad social del país.
La situación del vecino país es trágica y desgarradora: colapso institucional, violencia de pandillas, crisis humanitaria, hambre y un Estado prácticamente ausente. Nadie en su sano juicio niega el drama humano que viven miles de haitianos. Pero una cosa es la solidaridad y otra muy distinta es la permisividad irresponsable.
Durante los últimos meses, la frontera se ha convertido en un punto neurálgico de entrada irregular. El problema ya no es solo la precariedad del terreno o la porosidad del límite geográfico, sino la complicidad criminal de sectores que deberían proteger la soberanía nacional. Hay sobornos, tráfico de personas, uso de vehículos oficiales para cruzar ilegales y redes organizadas que operan con impunidad.
El Gobierno no puede seguir actuando con medias tintas. Es hora de reconocer, sin complejos ni temores diplomáticos, que el problema haitiano ha desbordado nuestras capacidades, y que ningún país del mundo aceptaría lo que estamos permitiendo en nuestras propias narices.
Frente a esta realidad, la República Dominicana debe adoptar acciones firmes, sostenidas y estructurales, como por ejemplo: Blindar tecnológicamente la frontera con drones, sensores y vigilancia 24/7. Auditar y rotar con frecuencia al personal militar y migratorio, depurando a quienes han caído en redes de corrupción. Seguir con la repatriaciones. Implementar un sistema de registro biométrico obligatorio para todo extranjero que pretenda trabajar o residir en el país. Y, sobre todo, elevar la voz ante la comunidad internacional, que observa con comodidad cómo los Dominicanos absorbemos una crisis que no provocamos.
Este no es un llamado a la xenofobia. Es un llamado a la razón de Estado. A ningún pueblo se le puede exigir que sacrifique su seguridad, su empleo, sus servicios sociales y su identidad por cargar con el colapso de otro.
Si no se actúa ahora, el país pagará un precio demasiado alto. La historia no perdonara a los gobiernos que no supieron proteger su soberanía cuando aún estaban a tiempo.