La inteligencia artificial y los ciberdelitos

Merlin Mateo Sánchez

La inteligencia artificial tiene la virtud de transformar la vida de las personas. Su capacidad para ejecutar, en cuestión de minutos, tareas que a un ser humano podrían tomarle horas de trabajo representa, por sí sola, una mejora significativa en la calidad de vida. El tiempo que ahorra la IA puede ser destinado a actividades personales, familiares, académicas o de descanso, no necesariamente vinculadas al ámbito laboral.

Ahora bien, así como el internet redujo la brecha de la comunicación y facilitó la propagación de información en todo el mundo, también trajo consigo riesgos, desafíos y nuevas problemáticas. De esa realidad no escapa la inteligencia artificial, pues toda tecnología puede ser utilizada tanto para el bien como para el mal.

En ese contexto, los ciberdelincuentes han comenzado a utilizar la IA para desarrollar mecanismos fraudulentos cada vez más sofisticados. Uno de ellos son los deepfakes, que consisten en contenidos audiovisuales creados o manipulados mediante inteligencia artificial, en los que se utiliza la imagen y la voz de una persona, generalmente influyente o reconocida, para inducir a terceros a realizar determinadas acciones. En la mayoría de los casos, estos contenidos se emplean para promover supuestas inversiones que prometen una rentabilidad extraordinaria.

Este tipo de fraude puede implicar, entre otras infracciones, el robo de identidad, previsto en el artículo 17 de la Ley núm. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Asimismo, cuando la víctima realiza una supuesta inversión o transfiere dinero como consecuencia del engaño, podría configurarse la estafa electrónica contemplada en el artículo 15 de la misma ley.

Este novedoso modus operandi de los ciberdelincuentes no conoce fronteras. Con frecuencia, estas acciones se ejecutan desde el extranjero, mediante el uso de redes privadas virtuales —VPN— y otros mecanismos tecnológicos que dificultan el rastreo de los responsables.

Tampoco puede afirmarse que la regla de “seguir el dinero” resulte siempre efectiva. En ocasiones, los fondos son transferidos a cuentas bancarias internacionales ubicadas en países con los cuales la República Dominicana mantiene relaciones de cooperación limitadas. En otros casos, el dinero es movilizado hacia jurisdicciones que ni siquiera forman parte del Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia, instrumento jurídico internacional más importante cuando hablamos de ciberdelitos.

A esto se suma la posibilidad de que los pagos sean exigidos en criptomonedas, utilizando distintas billeteras de criptoactivos e incluso servicios de mezcla o dispersión de fondos, diseñados para obstaculizar el rastreo del dinero y dificultar la identificación de sus beneficiarios finales.

Asimismo, la inteligencia artificial no solo incidirá en la creación de nuevas herramientas para la comisión de ciberdelitos. También podría poner en entredicho una de las pruebas por excelencia dentro del proceso penal: la prueba audiovisual. La IA avanza a tal velocidad que, en poco tiempo, podría resultar cada vez más difícil distinguir entre un video auténtico y uno generado artificialmente.

A nuestro juicio, esto constituye una paradoja. El avance tecnológico, que durante años fortaleció la capacidad probatoria mediante imágenes, videos, audios y registros digitales, podría convertirse ahora en el mismo factor que debilite la fuerza de esas pruebas, al abrir la puerta a cuestionamientos sobre su autenticidad, integridad y origen.

Mientras todo esto ocurre, en la República Dominicana los actores del sistema de justicia continúan trabajando con una legislación especial del año 2007. Próximamente, algunas infracciones que constituyen ciberdelitos también estarán previstas en el nuevo Código Penal; sin embargo, esas disposiciones resultan, a todas luces, insuficientes frente a la velocidad con la que evoluciona la tecnología.

El Código Penal, por su propia naturaleza, regula una amplia diversidad de infracciones. Por tanto, no puede sustituir la necesidad de contar con una normativa especializada, actualizada y robusta sobre delitos tecnológicos, inteligencia artificial, criptoactivos, evidencia digital y cooperación internacional en materia de ciberdelincuencia.

Ante esta nueva oleada de posibilidades delictivas asociadas a la IA, resulta vital que el Estado dominicano adopte políticas públicas dirigidas al fortalecimiento de la ciberseguridad y de las investigaciones de los ciberdelitos. Para ello, es indispensable mejorar el acceso oportuno a las informaciones que manejan las grandes plataformas digitales, muchas de las cuales son utilizadas como escenarios para la comisión de actos ilícitos.

La República Dominicana debe procurar mayores acercamientos con compañías tecnológicas como Meta Platforms, Google, X Corp., ByteDance, Apple y otras entidades que administran servicios digitales de alcance global. El objetivo debe ser fortalecer los canales de cooperación, agilizar las respuestas a los requerimientos de información y garantizar que las investigaciones penales puedan avanzar con mayor eficacia.

La inteligencia artificial representa una oportunidad extraordinaria para el desarrollo humano, económico e institucional. Pero también constituye un desafío urgente para el derecho penal, la política criminal y la seguridad digital. Ignorar sus riesgos sería permitir que los ciberdelincuentes sigan aprovechando las ventajas de una tecnología que avanza a pasos agigantados.