La Ley 47-25 y el fortalecimiento del régimen de consecuencias

Francisco Tavárez

Entra en vigencia la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas 47-25, un paso decisivo para fortalecer la transparencia, la equidad y la justicia en el uso de los recursos del Estado dominicano. No se trata de una reforma cosmética ni de un simple ajuste normativo: es un cambio de paradigma. Por primera vez, las faltas graves dejan de ser solo administrativas y pasan a tener consecuencias penales, enviando un mensaje claro y contundente: la ley se respeta.

La República Dominicana depende, en gran medida, del dinamismo económico que generan las compras públicas. El Estado es, sin lugar a dudas, el mayor cliente del mercado nacional. Sin embargo, la antigua Ley 30-06, que en su momento representó una conquista institucional importante, había quedado rezagada frente a nuevas realidades. Sus vacíos en términos de alcance, cumplimiento y régimen de consecuencias permitieron prácticas indebidas que minaron la confianza ciudadana y afectaron directamente el presupuesto nacional.

La Ley 47-25 viene a cerrar esas grietas. Introduce regulaciones más estrictas, amplía los mecanismos de control y, sobre todo, penaliza conductas que antes se resolvían con simples sanciones administrativas. A partir de ahora, los funcionarios de primer, segundo y tercer nivel que manipulen procesos, diseñen estrategias para violar la normativa o defrauden al Estado, enfrentarán la justicia penal. Este no es un mensaje de persecución, sino de responsabilidad.

En este contexto, es justo reconocer la gestión de Carlos Pimentel, quien ha demostrado ser un funcionario firme, transparente y eficiente. Su liderazgo ha sido clave para impulsar esta iniciativa, que trasciende su propia gestión y apuesta a dejar un sistema de compras y contrataciones más robusto, más maduro y con un verdadero “brazo largo” para alcanzar a quienes traicionen la confianza pública. El reto ahora será la implementación: convertir la letra de la ley en práctica cotidiana, durante lo que resta del actual período de gobierno.

Este es un voto de confianza a lo que funciona y un respaldo a las reformas que buscan el bienestar colectivo. Avanzar en transparencia no basta si no existen consecuencias reales para quienes violan la ley. La verdadera transformación ocurre cuando el discurso se acompaña de sanciones efectivas.

La pregunta queda abierta a la ciudadanía:

¿Cree usted que este nuevo marco legal, con penas más severas y tipificación penal de las infracciones, ayudará a reducir la corrupción, el despilfarro y esa cultura de depredación que convierte el servicio público en un botín?

¿Será este un paso real para disminuir la desigualdad, el hambre y la ansiedad social que genera el uso indebido del presupuesto nacional?