La ley para todos: sin privilegios ni excusas

Francisco Tavárez

La decisión de la jueza Isis Muñiz Almonte de imponer tres meses de prisión preventiva al fiscal Aurelio Valdez Alcántara marca un punto de inflexión en la credibilidad del sistema de justicia dominicano. No es un caso cualquiera. Es un fiscal, alguien llamado a defender la ley, hoy sentado en el banquillo de los acusados.

El expediente, impulsado por la Procuraduría bajo la dirección de Yeni Berenice Reynoso, revela una realidad incómoda: la corrupción no es exclusiva de los políticos ni de sectores tradicionales de poder, también puede anidar en las entrañas mismas del Ministerio Público.

Pero más importante aún que la acusación es la respuesta institucional. Aquí no hubo titubeos. No hubo blindajes. No hubo silencio cómplice. La medida de coerción envía un mensaje contundente: la ley no reconoce jerarquías cuando se trata de sancionar delitos.

Este caso no solo pone a prueba a un individuo, sino a todo el sistema. Porque si bien demuestra que hay voluntad para perseguir la corrupción “desde adentro”, también deja al descubierto fallas estructurales que permitieron que estas prácticas, de ser ciertas, se produjeran.

La ciudadanía observa. Y exige coherencia. No basta con actuar cuando el escándalo estalla; es necesario prevenir, auditar, vigilar. La confianza en la justicia no se construye solo con sanciones, sino con transparencia constante.

Hoy el mensaje parece claro: nadie está por encima de la ley. Pero la gran pregunta sigue en el aire: ¿estamos ante un sistema que se depura a sí mismo o frente a una crisis más profunda que apenas comienza a revelarse?

La respuesta no vendrá de discursos, sino de acciones sostenidas. Porque la verdadera justicia no es la que reacciona, sino la que garantiza, sin excepción, que la ley sea para todos.