La lucha contra la corrupción no se detiene

Francisco Tavárez

En momentos en que la desinformación pretende sembrar dudas sobre el curso de las investigaciones judiciales, resulta necesario reafirmar un principio esencial del Estado de derecho: la lucha contra la corrupción no puede ni debe detenerse.

Las recientes declaraciones de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, desmontan con claridad los rumores que apuntan a un supuesto estancamiento del caso Senasa, también identificado como Operación Cobra 2.0.

La jefa del Ministerio Público ha sido categórica al asegurar que las investigaciones continúan de manera activa, exhaustiva y bajo estrictos criterios legales. Sus palabras no solo desmienten versiones interesadas, sino que reafirman el compromiso institucional con un proceso serio, responsable y respetuoso del debido proceso. La sociedad dominicana tiene derecho a la verdad, y el Ministerio Público ha reiterado que habrá resultados conforme avance el curso natural de la investigación.

Es importante recordar que desde el inicio del operativo, la Procuraduría informó de forma oportuna y pública cada etapa del proceso, en coherencia con su política de transparencia y rendición de cuentas. Pretender ahora instalar la narrativa del “estancamiento” no solo carece de sustento, sino que busca erosionar la confianza ciudadana en una institución que ha asumido el combate a la corrupción como una tarea innegociable.

Las investigaciones complejas no se miden por el ruido mediático ni por la ansiedad de los titulares, sino por la solidez de las pruebas y el respeto al marco legal. En ese sentido, la advertencia de la procuradora a revisar las fuentes de información es más que pertinente: la verdad jurídica no se construye con rumores, sino con hechos verificables.

Respaldar la labor del Ministerio Público no implica prejuzgar, sino defender la independencia de la justicia y el derecho de la sociedad a que los casos de presunta corrupción se investiguen hasta las últimas consecuencias. La lucha contra la corrupción es una causa nacional y su avance no puede quedar rehén de la desinformación ni de intereses particulares. En ese camino, la firmeza institucional y la claridad en la comunicación son señales de que el proceso sigue en marcha y que nadie está por encima de la ley.