Desde ayer nos hemos hecho eco de la agresión que sufriera el Defensor del Pueblo al investigar la mafia que existe en el Canódromo.
El director de la Digesett intentó justificar la agresión en que no fue notificado de dicha inspección, pero eso no funciona así. Precisamente es de carácter discrecional para evitar la alteración de cualquier información y comprobar las denuncias que les han llegado por diferentes vías.
El Defensor del Pueblo está facultado para supervisar cualquier institución pública y toda empresa privada que ofrezca un servicio público. Para garantizar que no ocurra nada que afecte al pueblo.
Por consiguiente, la Digesett puede ser fiscalizada e inspeccionada, sin embargo, uno se pregunta ¿a qué le temen? ¿Por qué la agresión?
No es un secreto el peaje que cobran las instancias de la policía con el chantaje en el tema de la detención de vehículos.
El descaro lo comete el director de la Digesett al decir que él retiró la comisión que se le daba por el cobro de multas. ¿Por qué se le pagaba una comisión al director de esta institución?
No se puede esperar que este sector pueda ser transformado si quienes lo dirigen son parte del problema. El que un director confirme que en este país se paga una comisión por las multas es simplemente una burla.
Y es ahí, precisamente, en donde residía el miedo a que el Defensor del Pueblo inspeccionara el Canódromo. En palabras del propio Pablo Ulloa le desmontarán un negocio de miles de millones de pesos.
Ese es el miedo.
Por: Francisco Tavárez, el Demócrata.
