La muerte de Kevin Alexander hizo aflorar un problema crónico en la RD

Francisco Tavárez

El reciente deceso de Kelvin Alexander Mateo, de 24 años —ocurrido el 30 de abril en las instalaciones de la Fundación Evangélica "Ejército de Dios" en La Romana, bajo circunstancias que apuntan a un presunto suicidio por ahorcamiento— ha expuesto una alarmante red de denuncias sobre violaciones sistemáticas a los derechos humanos, abusos físicos y torturas en centros privados de internamiento. 

Más allá del trágico acontecimiento, este caso desvela una crisis estructural subyacente en la República Dominicana: la proliferación desregulada de centros asistenciales dedicados al tratamiento de adicciones, lo cual constituye un indicador sintomático del incremento exponencial en la prevalencia de trastornos por uso de sustancias a nivel nacional.

El panorama actual de las infraestructuras destinadas a la desintoxicación y rehabilitación en el país refleja una profunda fractura entre la demanda de la sociedad civil y la respuesta institucional del Estado. 

Esta problemática ha sido señalada con justificada alarma por el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, aunque su diagnóstico amerita matices analíticos. La oferta pública en materia de salud mental y terapéutica de internamiento prolongado, con carácter gratuito y especializado, es marginal o prácticamente inexistente.

Actualmente, el Servicio Nacional de Salud (SNS) dispone de Unidades de Intervención en Crisis ubicadas en centros hospitalarios de tercer nivel —como el Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora o el Hospital Docente Padre Billini en Santo Domingo, y el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez en Santiago—. Sin embargo, estos espacios están estrictamente diseñados para la estabilización de crisis psiquiátricas agudas y protocolos de desintoxicación médica de corta estancia, careciendo de la estructura necesaria para ejecutar programas de rehabilitación socioterapéutica a largo plazo.

Ante este vacío estatal, la gestión de este fenómeno ha sido asumida de manera mayoritaria por organizaciones no gubernamentales subvencionadas y clínicas privadas. En el ámbito del tercer sector, la entidad de referencia histórica es Hogar Crea Dominicano, la cual opera más de 40 filiales a nivel nacional, ofreciendo cobertura terapéutica a miles de usuarios mediante un modelo de financiamiento de bajo costo.

No obstante, al margen de la supervisión regulatoria del Ministerio de Salud Pública, operan decenas de centros improvisados de matriz comunitaria o confesional. Muchas de estas entidades carecen de habilitación sanitaria oficial, protocolos estandarizados y personal médico o psicoterapéutico cualificado. 

La proliferación "espontánea" e informal de estos espacios —término acuñado por la Defensoría del Pueblo— no es un fenómeno fortuito, sino el resultado directo de una convergencia de factores sociodemográficos, económicos y sanitarios. 

Cuando el Estado no garantiza una infraestructura pública universal para el tratamiento de la drogodependencia, la sociedad civil tiende a mitigar el vacío institucional de forma precaria: los núcleos familiares, inmersos en crisis de habitabilidad y desesperación ante la conducta disruptiva del paciente, recurren a cualquier espacio que prometa la institucionalización forzosa o la contención física del familiar afectado, debido a la imposibilidad económica de sufragar los altos costos de las clínicas privadas de estándar internacional.

La República Dominicana ha transitado de ser una plataforma geográfica de trasbordo transnacional para el narcotráfico internacional hacia los mercados de Estados Unidos y Europa, a convertirse en un mercado de consumo local consolidado. Este cambio estructural responde a una modificación en las dinámicas de compensación de las redes criminales: el histórico pago en efectivo a los intermediarios locales ha sido sustituido predominantemente por el pago en especie (sustancias ilícitas).

Esta modalidad inunda las periferias urbanas de excedentes de drogas que requieren ser monetizados rápidamente en el mercado doméstico a través de redes de microtráfico ("puntos de droga"). El fenómeno ha provocado un abaratamiento de los costos de adquisición para el consumidor final y ha diversificado la oferta hacia sustancias de alta adicción y bajo costo. 

Este incremento en la prevalencia del consumo periférico amplifica la presión sociocomunitaria y multiplica la demanda de respuestas de internamiento. Estadísticas procedentes de agencias de salud pública y del tercer sector (como Hogar Crea) estiman un incremento sostenido de entre el 15% y el 25% en las solicitudes de asistencia por drogodependencia en el último trienio.

Un vector crítico en el análisis epidemiológico del país es la brecha de género identificada en los centros de tratamiento residencial, donde la población masculina representa entre el 85% y el 90% del total de usuarios. 

Este indicador no denota una menor prevalencia de trastornos por uso de sustancias en la población femenina, sino la existencia de barreras de acceso de carácter estructural y sociocultural. 

La comunidad científica y los especialistas en salud mental coinciden en que el paradigma predominantemente punitivo y de contención que ha regido las políticas públicas debe ser equilibrado de forma perentoria. Se requiere una inversión presupuestaria estructural en la red de salud mental pública, orientada a la creación de centros estatales de desintoxicación residencial accesibles, con base científica y con un estricto enfoque de derechos humanos.