El financiamiento a los partidos políticos, que puede ser público o privado, es uno de los temas de mayor interés. A la hora de discutir un marco legal para organizaciones políticas siempre sale a relucir. Por el lado positivo, el financiamiento público reduce su dependencia de los grupos de interese económico y los hace menos vulnerables al crimen organizado. Y lo negativo, es que este tipo de financiamiento puede crear una fuerte dependencia estatal y llevar a la pérdida de contacto con la sociedad.
La legislación latinoamericana en materia de financiamiento a los partidos políticos tiende a favorecer el financiamiento mixto, que combina financiamiento público y privado. Pero con distinto alcance y nivel de restricción.
En 1997, la ley 275-97 estableció por primera vez el financiamiento público directo a los partidos políticos en República Dominicana. En su forma original, el criterio de asignación fue altamente proporcional a la fuerza electoral y, por consiguiente, muy favorable a los partidos grandes.
En 2005, las modificaciones introducidas por la Ley 289-05, establecieron un criterio de asignación más igualitario. Sin embargo excluye de la mayor parte de los recursos a los que no obtienen al menos 5% de los votos válidos.
La actual Ley de Partidos tiene otra orientación sobre la asignación de fondos públicos a los . Se inclina en favor de que se haga en proporción a la fuerza electoral y deja sólo 20% a la distribución igualitaria. De manera que con la actual Ley el país regresó a un marco similar al establecido por la antigua Ley 275-97.
Para decidir el financiamiento económico a los partidos políticos primaron dos criterios: el primero es que no dependiera del poder económico. Y el segundo era evitar que dinero del narcotráfico o el crimen organizado entrara a los partidos políticos.
Empero lo que estamos viendo en la realidad es que no ha sido, el narcotráfico no solo financia campañas, sino que aporta candidatos. Esto ha quedado evidenciado a raíz de la Operación Falcón que no solo incluye a diputados, sino senadores y regidores.
Esta operación tiene dos patas: los que son extraditados a Estados Unidos y los que se quedan en el país para ser juzgados aquí.
Aquí se debe investigar cuánto dinero se invirtió en la campaña y transparentar de donde vinieron esos fondos, comenzando por el partido de gobierno.
Esto se enfrenta no solo con el discurso de la justicia independiente y de que no se incluyen. Porque, a su vez el gobierno quieren atribuirse como un logro político el trabajo que está haciendo el Ministerio Público.
El principal punto luminoso en el actual gobierno es la lucha contra la corrupción. Pero nos preguntamos ¿esta lucha contra la corrupción la lleva el Ministerio Público o el gobierno?
Entendemos que se debe seguir aplicando el criterio de oportunidad al igual que en los Estados Unidos. Identificar las personas que estén dispuestas a declarar en favor de la investigación y que sean beneficiados con alguna consideración penal.
Es exactamente lo mismo que se ha hecho con las demás operaciones. Pero no se trata solamente de investigar las personas acusadas, también los candidatos que perdieron y el aporte a la campaña en sí.
Cada día hay que aspirar más a la transparencia porque de seguir así no tiene ningún sentido que el Estado siga financiando a los partidos. Eso se hace con dinero de nuestros impuestos y no se ha evitado lo que se quería.
Por: Francisco Tavárez, el Demócrata.