La prensa que condena, la prensa que pide perdón — y la ley que nadie ha escrito

Francisco Tavárez

EL TRIBUNAL HABLÓ. LOS ARCHIVOS, NO.

El 30 de mayo de 2026, la jueza Altagracia Ramírez determinó que las pruebas del Ministerio Público eran insuficientes para enviar a José Ramón Peralta a juicio. Meses antes, juristas consultados habían calificado la acusación de "panfleto" y señalado que el expediente carecía de elementos vinculantes directos. La defensa fue más lejos: muchos de los documentos del propio Ministerio Público terminaron favoreciendo el descargo. El tribunal habló. Pero los archivos digitales no escuchan a los tribunales.

Hoy, quien busque el nombre de José Ramón Peralta en cualquier motor de búsqueda encontrará, en los primeros resultados, los titulares del 2023 — los del arresto, la prisión preventiva, las imputaciones. El auto de no ha lugar aparece después, más abajo, con menos clics, con menos permanencia. Así funciona la arquitectura del tiempo en internet: el primer grito dura para siempre. El descargo llega como susurro. Eso no es un problema técnico. Es un problema de justicia.

EL PERIODISMO QUE AUDITA Y EL QUE CONDENA

Pero debemos trazar una distinción clave que muchos en el gremio prefieren ignorar: una cosa es auditar el poder —reportar lo que un fiscal acusa, seguir un proceso de corrupción, darle voz a la investigación— y otra muy distinta es condenar socialmente a una persona antes de que la justicia haya dicho su palabra final.

Los medios dominicanos, en el caso Calamar, hicimos lo primero con intensidad. Algunos cruzaron hacia lo segundo sin notarlo, y quizás sin mala intención. Ahí está el peligro más profundo: la condena mediática no siempre nace de la malicia, sino de la inercia. El fiscal habla, el reportero transcribe, el editor publica, el algoritmo amplifica. Nadie tomó una decisión de condenar a nadie. Pero el efecto es el mismo.

Lo que distingue al periodismo responsable no es no cometer ese error, sino tener la valentía de rectificar. Y rectificar, en 2026, no puede significar solo un video de disculpas —por valioso que sea ese gesto. Tiene que significar algo estructural: actualizar el artículo original, añadir el resultado procesal final, colocar el descargo donde estuvo la acusación. La pregunta que este editorial lanza al resto del gremio es directa: ¿alguno de los medios que cubrieron el arresto de Peralta en primera plana publicó el auto de no ha lugar con la misma prominencia?

LA LEY QUE DUERME EN UN CAJÓN

En este momento, la pregunta correcta que debemos hacernos: ¿es justo mantener en línea publicaciones que dan por sentada la culpabilidad de quien el tribunal descargó? Pero la pregunta debe ir más allá de la ética individual de cada director de medio. Porque la ética, sin respaldo legal, depende del carácter de quien la ejerce ese día. Y no todos los días hay alguien dispuesto a la incomodidad pública de pedir perdón en cámara.

En Europa existe el Derecho al Olvido desde 2014. En Brasil, Colombia, Argentina y México, los tribunales y las leyes de protección de datos han comenzado a responder a esta realidad. No se trata de borrar la historia, sino de actualizarla: garantizar que quien busque un nombre encuentre la historia completa, no solo el capítulo más dramático.
República Dominicana tiene un borrador de ley de protección de datos modernizada, preparado con el acompañamiento del Consejo de Europa en el año 2020. Lleva seis años esperando que alguien lo lleve al Congreso Nacional. Seis años. Durmiendo.

Mientras ese borrador duerme, cualquier ciudadano dominicano —famoso o anónimo, exministro o vecino de barrio— que sea acusado públicamente y luego descargado por falta de pruebas, no tiene a qué agarrarse. La Constitución en su artículo 44 protege el honor y el buen nombre. Pero proteger en el papel no es lo mismo que reparar en la pantalla.
El que hayamos pedido disculpas en público no es el final de una historia. Es el principio de una conversación que la República Dominicana le debe a su propia Constitución.

Los medios tienen que poder rectificar —y hacerlo con la misma visibilidad con que acusaron. El Estado tiene que proveer el marco legal que lo haga obligatorio cuando la ética no alcanza. Y la ciudadanía tiene que exigir ambas cosas, porque el próximo en ser condenado antes de tiempo por los titulares puede ser cualquiera.

Peralta y Castillo tienen nombre, recursos y abogados. Tienen quién los defienda y quién les pida perdón en cámara. La mayoría de las personas que pasan por una condena mediática no tienen nada de eso.
Para ellos también hay que escribir esta ley.