El caso de Joel Ambioris Pimentel García, conocido como «La J», pone de manifiesto el fracaso absoluto de nuestro sistema carcelario y judicial. Es surrealista que un presunto criminal y narcotraficante desde España controle las cárceles dominicanas, pero es una realidad cruda. La situación alcanzó su punto máximo cuando este individuo se atrevió a amenazar personalmente a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, exigiendo el cese de los operativos en las cárceles bajo su dominio.
Este incidente subraya una verdad dolorosa: nuestras cárceles se han convertido en universidades del crimen. Cuando el sistema penitenciario, diseñado para rehabilitar y reintegrar a los reclusos en la sociedad, se convierte en un semillero de delincuencia, la nación pierde la batalla por la justicia y la seguridad. Ciudadanos que entran en prisión por delitos menores, en lugar de recibir rehabilitación, salen convertidos en sicarios o narcotraficantes, habiendo sido profesionalizados en el crimen durante su estancia.
Este panorama demanda una revisión urgente y exhaustiva de nuestro sistema carcelario. No podemos seguir permitiendo que las prisiones funcionen como centros de adiestramiento para la delincuencia. Necesitamos un modelo penitenciario que se centre en la reeducación y la reintegración social de los reclusos. Para lograr esto, proponemos las siguientes medidas:
- Reforma Integral del Sistema Penitenciario: Es fundamental transformar nuestras cárceles en auténticos centros de rehabilitación. Esto requiere invertir en infraestructuras adecuadas, programas educativos y de formación, así como en apoyo psicológico para los internos. Un sistema que fomente habilidades laborales y brinde oportunidades reales de reintegración reducirá significativamente la reincidencia.
- Control Estricto y Transparencia: Es necesario implementar un sistema de vigilancia y control más riguroso dentro de las cárceles para prevenir el tráfico de influencias y la corrupción. La tecnología debe desempeñar un papel crucial, con cámaras y sistemas de monitoreo que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas.
- Capacitación y Supervisión del Personal Penitenciario: Los funcionarios encargados de la seguridad y rehabilitación de los reclusos deben ser profesionales altamente capacitados y sometidos a evaluaciones periódicas. Su labor es fundamental para garantizar un ambiente seguro y propicio para la rehabilitación de los internos.
- Colaboración Internacional: Dado el carácter transnacional del crimen organizado, es vital fortalecer la cooperación con otros países para hacer frente a estos desafíos. Compartir información y estrategias con otras naciones puede contribuir a desmantelar redes criminales que operan más allá de nuestras fronteras.
El caso de «La J» nos demuestra que nadie está seguro en nuestro país si no actuamos de inmediato. Es hora de transformar nuestras cárceles y nuestro sistema de justicia para proteger a nuestra sociedad y asegurar un futuro donde la rehabilitación y la reintegración sean una realidad tangible.