La publicidad del Estado no puede usarse como castigo contra la prensa; la verdad no se negocia

Francisco Tavárez

Cuando la publicidad se usa para callar críticas, se genera autocensura y se manipula la opinión pública y se lastima la democracia.
La ley 47-25 introduce una excepción, sí, pero incluso esa excepción es precisa: un procedimiento simple, rápido y transparente que solo permite contratar directamente a los medios. No hay atajos. No hay intermediación encubierta.

¿Y por qué es tan importante este detalle? Porque durante demasiado tiempo la publicidad estatal se ha usado como un arma.
Si criticas, te quito la publicidad.
Si apoyas, te la doy… y te la aumento.

Ese mecanismo no solo distorsiona el mercado: genera autocensura y manipula la opinión pública. Produce miedo. Obliga a muchos comunicadores a callar verdades que conocen, a no denunciar irregularidades evidentes, por temor a perder contratos que sostienen sus medios.

La publicidad no debería comprar silencios.
La publicidad no compra conciencias.

Un medio de comunicación vive de la publicidad, pero no se vende.
Criticar al poder no es traición: es responsabilidad.

Quien coloca publicidad en un medio debe saberlo desde el primer día: ese dinero no compra obediencia ni garantiza silencio. Se puede aceptar publicidad y, al mismo tiempo, cuestionar con firmeza todo lo que esté mal, incluso —y sobre todo— empezando por el presidente.

Ahora bien, tampoco caigamos en el otro extremo. No podemos satanizar la publicidad. Convertirla en sinónimo de corrupción es otra trampa peligrosa. Cuando se señala automáticamente a un medio como “vendido” por recibir colocación publicitaria, se ignora una realidad básica: los medios sobreviven gracias a la publicidad. No hay otra vía sostenible.

Si se convierte la publicidad en algo pecaminoso, equivalente a robar, lo que se está haciendo es empujar a comunicadores, periodistas y dueños de medios —digitales y tradicionales— a torcerse, a negociar principios para sobrevivir.

Y ahí es donde perdemos todos.

La ley 47-25 busca cortar ese ciclo perverso: impedir que la publicidad sea usada para premiar lealtades o castigar críticas, y devolverle su función legítima, transparente y ética.

Porque al final, más allá de leyes, contratos y montos, hay una línea que no se puede cruzar.

La verdad no se negocia.