La puerta giratoria: República Dominicana deporta más de 400 mil haitianos y ellos regresan

Francisco Tavárez

El lunes lo deportan. El miércoles ya está de regreso. No es metáfora periodística ni exageración: es el patrón que documentan los propios agentes de la Dirección General de Migración (DGM) en el Centro de Procesamiento Migratorio de Haina, donde los mismos rostros reaparecen una, dos, hasta cinco veces. Cambian nombre, edad y relato. La tecnología biométrica, que el gobierno ha desplegado con inversión millonaria, finalmente los identifica. Pero los identifica para volver a deportarlos, no para imponerles consecuencia penal alguna.

Entre octubre de 2024 y octubre de 2025, la República Dominicana recondujó a Haití a más de 414,000 personas en condición migratoria irregular, según datos oficiales de la DGM. Solo en 2024, la cifra oficial alcanzo 276,215 deportaciones. En los primeros cinco meses de 2025, ya se habían ejecutado 153,144 expulsiones más, con mayo como el mes récord: 34,190 haitianos repatriados en treinta días. El ritmo no da tregua. Tampoco cede el flujo de regreso.

El costo de deportar sin consecuencias

El gobierno de Luis Abinader ha destinado más de RD$882 millones en diez meses a la modernización del sistema de deportaciones: autobuses nuevos, lectores biométricos, ampliación de personal y reforma institucional de la DGM, según información oficial divulgada en julio de 2025. A esa cifra directa hay que sumarle el gasto estructural que genera la población haitiana irregular en servicios públicos. Estimaciones conservadoras calculan que solo en educación, los hijos de inmigrantes haitianos representan un desembolso anual de RD$28,159 millones para el sistema escolar dominicano.

El colapso logístico es igualmente visible. El Consejo de Defensa y Seguridad Nacional fijó en octubre de 2024 la meta de deportar 10,000 haitianos por semana. Nunca se ha cumplido. El mes más cercano fue el propio octubre de 2024, con 24,963 deportaciones. Para febrero y marzo de 2025, las cifras cayeron a promedios de 3,000 semanales. La brecha entre la promesa política y la capacidad operativa del Estado es tan grande como la frontera que cada día cruzan nuevos contingentes.

El director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, lo reconoció públicamente: “En los reincidentes hemos encontrado que un día vienen y dan un nombre, un apellido y una fecha de nacimiento, y mañana otro distinto”. La afirmación confirma lo que los números también reflejan: sin consecuencia penal para el reingresante, la deportación es simplemente el precio del pasaje de vuelta.

La reforma legal que llegó a medias

Ante el desafío, el Ejecutivo reaccionó con velocidad legislativa. En abril de 2025, Abinader anunció quince medidas contra la migración irregular y depositó de inmediato una reforma a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes. El Senado la aprobó por unanimidad con penas de hasta 25 años para traficantes, inhabilitación de veinte años para funcionarios reincidentes y la imprescriptibilidad del delito de trata.

La reforma apunta al eslabón correcto: la red criminal que cobra por el cruce. Pero deja intacto el incentivo del individuo que regresa. Para ese individuo, el ordenamiento jurídico dominicano no contempla ninguna consecuencia penal por reingresar tras ser deportado. La Ley General de Migración 285-04 trata el reingreso ilegal como una infracción administrativa, no como un delito. El marco legal castigó al traficante y perdonó al reincidente. Cerró la puerta trasera y dejó la delantera abierta.

Lo que el mundo aplica y el país no

La experiencia internacional ofrece respuestas concretas. En Estados Unidos, el reingreso al país tras una deportación constituye un delito federal con penas de entre 2 y 20 años de prisión según antecedentes, y el 98.5% de los procesados recibe condena efectiva. En el Reino Unido, la entrada ilegal puede implicar hasta cuatro años de cárcel. En Australia, el procesamiento de reincidentes con antecedentes criminales se realiza offshore y el flujo de cruces marítimos se redujo a prácticamente cero desde 2013. La Unión Europea contempla hasta 30 meses de detención como medida por defecto para quienes desafíen órdenes de deportación.

Ningún país que hoy exhibe resultados lo logró con una sola pieza legislativa. Lo logró cerrando cada grieta del sistema, una a una, con voluntad sostenida.

Las tres piezas que aún faltan

La arquitectura legal dominicana requiere, como mínimo, tres adiciones urgentes. La primera es tipificar el reingreso ilegal tras deportación como delito penal autónomo con pena privativa de libertad progresiva: dos años para la primera reincidencia, cuatro para la segunda, y hasta ocho para quien acumule tres o más deportaciones previas. Es el modelo estadounidense con probada efectividad disuasiva.

La segunda es consolidar el registro biométrico como herramienta vinculante. La DGM ya registra y valida mediante biometría a cada deportado. El paso siguiente es convertir ese registro en una base de datos interoperable entre Migración, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, de manera que la detección del reincidente active automáticamente un proceso penal, no una nueva deportación administrativa. Sin identificación confiable no hay reincidencia registrable; sin registro, no hay pena posible.

La tercera es crear centros de retención temporal donde los reincidentes con sentencias ejecutoriadas cumplan la condena antes de ser repatriados definitivamente. El argumento humanitario contra esta medida es legítimo y debe atenderse con estándares mínimos de dignidad. Pero la alternativa actual tampoco es humanitaria: ni con el migrante que pone su vida en manos de redes de tráfico cada vez que cruza, ni con el Estado dominicano que financia indefinidamente un sistema que gira en vacío.

Más allá de la frontera: la ecuación irresuelta

La crisis que empuja a los haitianos no tiene solución en Santo Domingo. Las bandas armadas controlan más del 80% de Puerto Príncipe, casi la mitad de la población haitiana necesita asistencia humanitaria para sobrevivir y más de 700,000 personas están desplazadas internamente. Deportar en ese contexto no detiene el flujo; lo redistribuye temporalmente. Organismos internacionales han cuestionado además algunas de las medidas más agresivas del protocolo dominicano, como la vinculación de servicios de salud con la expulsión, incluyendo casos de mujeres embarazadas y parturientas detectadas en hospitales.

La República Dominicana tiene derecho soberano a controlar su frontera y exigir el cumplimiento de sus leyes migratorias. Ese derecho es incontrovertible. Lo que también es incontrovertible es que el sistema actual consume cientos de millones de pesos, miles de horas-hombre y enorme capital político, para producir el mismo resultado: el deportado regresa. Completar la arquitectura legal con consecuencias penales reales para el reincidente no es crueldad. Es la precondición para que todo lo demás funcione.