Por Francisco Tavárez (El demócrata).
Sin duda, una de las afirmaciones más contundentes tras el reciente proceso electoral será la necesidad de que los partidos políticos en la República Dominicana, como principales referentes de la transparencia, requieran un mayor nivel de supervisión y control. Esto es esencial para regular el gasto, el dinero que reciben y cómo lo distribuyen en las campañas electorales.
De acuerdo con los datos proporcionados por el Pleno de la Junta Central Electoral, los principales partidos en nuestro país recibieron, cada uno, más de 500 millones de pesos para el proceso electoral de 2024. Sin embargo, no contamos con un régimen de consecuencias que sancione efectivamente a quienes hagan un mal uso de estos recursos. Además, la intervención para hacer cumplir los topes de gastos en las campañas y en las distintas candidaturas es prácticamente nula, quedando solo en el papel o en discursos.
De manera general, la región ha tenido importantes avances en materia legislativa para regular el financiamiento de los partidos políticos, pero, de qué nos sirve si aún persiste una distancia marcada entre lo que se establece en la Ley y lo que vemos en el día a día.
A propósito de este tema, llegó a mis manos una obra titulada “El costo de la Democracia: Ensayo sobre el Financiamiento Político en América Latina”, escrita por Kevin Casas y Daniel Zovatto, dos de los analistas más acertados en este ámbito. En esta obra se aborda de manera magistral la experiencia de América Latina respecto al financiamiento político, la regulación, el régimen sancionatorio, entre otros temas.
Llamaron mi atención sus planteamientos sobre la importancia de la regulación, no solo por un tema de transparencia, sino también como herramientas efectivas para preservar la democracia. Al respecto, Casas y Zovatto establecen: “(…) si su utilización (dinero en campaña) no es regulada, o es mal regulada, el dinero puede amenazar la legitimidad de los procesos y las prácticas democráticas, esto es, la percepción de los ciudadanos de que las elecciones y los gobiernos democráticos reflejan aproximadamente sus demandas e intereses”.
Con relación a los avances legislativos para el financiamiento de los partidos políticos, reafirman que se requiere de una mayor rigurosidad: “Sin un sistema eficaz de sanciones que comprenda no sólo las tradicionales multas, sino también castigos que afecten la libertad individual, las normas sobre financiamiento no pasarán de ser un conjunto de buenos propósitos”.
En conclusión, necesitamos algo más que la celebración de elecciones libres o una democracia electoral. La salud de la democracia es integral y solo será exitosa si los controles y la supervisión se llevan a la práctica, una asignatura pendiente en nuestro sistema.
