Las iglesias deben recuperar su dimensión profética

Rafael Alvarez

En la tradición judeocristiana, la identidad de la Iglesia se sostiene sobre un imperativo teológico dual: el anuncio del Reino de Dios y la denuncia de las estructuras de pecado. Esta dimensión profética no es un apéndice opcional ni una incursión secundaria en lo político; es una exigencia intrínseca de su fidelidad evangélica que implica una confrontación directa, encarnada y ética con el poder y la injusticia social.

Sin embargo, el panorama sociorreligioso de la República Dominicana contemporánea evidencia un preocupante repliegue teológico y pastoral. Tanto la Iglesia Católica como el espectro evangélico parecen haber relegado la rigurosidad de la denuncia a un segundo plano, priorizando una pastoral del anuncio desarraigada de las tensiones estructurales del país. La voz moral que otrora fungía como contrapeso del poder civil luce hoy fragmentada, intermitente y, en el peor de los casos, asimilada por el pragmatismo político.

Históricamente, la Iglesia Católica dominicana desempeñó un rol de arbitraje fundamental, cuyo hito más emblemático fue la Carta Pastoral de 1960, la cual fisuró la legitimidad de la dictadura trujillista. En las décadas posteriores, mantuvo una presencia constante señalando las asimetrías económicas y los abusos de autoridad.

En la actualidad, no obstante, se observa una institucionalización de la denuncia. La palabra profética de la jerarquía ha quedado confinada a un calendario litúrgico y civil previsible: la Carta Pastoral del Día de la Altagracia, el mensaje de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en febrero y el Sermón de las Siete Palabras en Viernes Santo. Fuera de estos hitos, la cotidianidad eclesial se caracteriza por un silencio prolongado con honradas excepciones. La denuncia ha mutado en un ejercicio burocrático de comunicados anuales que carecen del acompañamiento continuo y la beligerancia necesaria para incomodar al poder.

Por otro lado, el crecimiento demográfico y la diversificación del tejido evangélico no se han traducido en una mayor densidad ética ni en la defensa de las clases excluidas. La comunidad evangélica carece de una plataforma unificada que asuma la defensa orgánica de los sectores empobrecidos.

Amplios sectores de su liderazgo exhiben indiferencia ante el sufrimiento estructural, evidenciada en la ausencia de posturas colectivas frente al endeudamiento público, el despilfarro, la ineficiencia de los servicios esenciales y el abandono ético en la administración pública. Su agenda se ha atomizado en disputas morales estrictamente privadas, descuidando la ética de la justicia social y mostrando una peligrosa proximidad hacia los gobiernos de turno en busca de legitimación o prebendas.

Este diagnóstico devela una crisis de autonomía profética. Cuando la fe se instrumentaliza para legitimar el statu quo a cambio de paz institucional o favores presupuestarios, se incurre en una confabulación pasiva. La distracción en discursos moralistas superficiales opera como un mecanismo de evasión frente a los pecados estructurales, corriendo el riesgo de transformar a las instituciones religiosas en "anestesiantes sociales".

Para revertir esta neutralización, las Iglesias dominicanas deben asumir tareas impostergables: desmantelar los vínculos de clientelismo con el aparato estatal mediante una distancia crítica; mantener un estado de vigilia teológico-social que fiscalice con rigurosidad ética a los funcionarios y al presidente; y evitar convertirse en un brazo ideológico o actor electoral. Su único compromiso legítimo es ser un árbitro ético imparcial.

La autenticidad de la misión eclesial se juega en recuperar el equilibrio entre el anuncio esperanzador y la denuncia valiente. Una iglesia que calla ante la opresión y la injusticia termina siendo cómplice en el plano espiritual. Es hora de volver a alzar una voz contundente, académica y pastoral en defensa del bienestar, la moralidad pública y la dignidad del pueblo dominicano.