Leah Francis Campo no le respondió a Aneudy, le habló al gobierno

Rafael Alvarez

En política y en diplomacia, pocas cosas ocurren por casualidad. Las palabras importan, pero el momento en que se pronuncian suele ser tan importante como el contenido mismo. Esa máxima parece ajustarse a la actuación reciente de la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos.

Desde que comenzó el debate nacional sobre el nuevo Código Penal, la diplomática estadounidense ha manifestado públicamente su preocupación por las implicaciones que algunas disposiciones podrían tener sobre la libertad de expresión. Su posición ha coincidido con la de diversos sectores de la sociedad civil, organizaciones periodísticas y defensores de derechos fundamentales que consideran que determinadas figuras penales podrían generar un efecto inhibidor sobre el ejercicio libre del periodismo y la crítica pública.

Sin embargo, el episodio ocurrido este domingo llamó especialmente la atención. A un día de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, la embajadora compartió un video en el que el comunicador Aneudy Santos le dirigía expresiones claramente irrespetuosas para quien representa oficialmente a un Estado extranjero, y particularmente a una potencia como los Estados Unidos. Junto con ese video, la embajadora reafirmó su compromiso con la libertad de expresión.

Resulta evidente que las palabras utilizadas por el comunicador sobrepasaban los límites de la cortesía que normalmente debe prevalecer en el debate público. De hecho, el propio Aneudy Santos terminó ofreciendo disculpas públicas por sus expresiones.

Pero precisamente por esa razón surge una pregunta legítima: si, como afirmó el propio comunicador, ese video había sido grabado aproximadamente dos meses antes, ¿por qué recuperarlo justamente la víspera de la entrada en vigor del nuevo Código Penal?

Una interpretación posible es que la publicación no buscaba responder personalmente a Aneudy Santos. Si ese hubiese sido el objetivo, la reacción habría podido producirse inmediatamente después de difundirse el video. Esperar dos meses para hacerlo, precisamente cuando el país discutía intensamente los alcances del nuevo régimen penal sobre la libertad de expresión, permite considerar otra lectura.

El verdadero destinatario del mensaje parecería no haber sido el comunicador, sino el Estado dominicano.

El metamensaje podría resumirse así: una democracia sólida protege incluso aquellas expresiones que resultan ofensivas para quienes ejercen el poder o representan instituciones relevantes. La mejor defensa de la libertad de expresión consiste precisamente en tolerar las manifestaciones que más incomodan.

En otras palabras, la embajadora pareció utilizar un caso en el que ella misma era objeto de ataques verbales para ilustrar un principio democrático: que la respuesta a una expresión ofensiva no necesariamente debe ser la persecución penal.

No se trató simplemente de decir que cree en la libertad de expresión; escogió como ejemplo un caso en el que esa libertad se ejerció contra su propia persona. Ese detalle fortalece el mensaje, porque elimina cualquier percepción de defensa interesada.

Naturalmente, también existen otras interpretaciones posibles. La publicación puede entenderse como una reafirmación personal de sus convicciones democráticas sin que necesariamente implique una advertencia formal al Gobierno dominicano. En diplomacia, los mensajes suelen admitir varias lecturas y rara vez sus autores explican cuál era exactamente la intención.

Lo que parece indiscutible es que el momento escogido para publicar ese video convirtió una simple respuesta en un acto de comunicación política.

La diplomacia moderna no se ejerce únicamente mediante notas verbales o reuniones privadas. También se desarrolla a través de las redes sociales, los símbolos y las oportunidades cuidadosamente seleccionadas para transmitir ideas.

Quizá por eso la verdadera noticia no fue el video de Aneudy Santos, sino el instante en que la embajadora decidió volver a ponerlo sobre la mesa pública.
Porque, en política, el tiempo también habla. Y en diplomacia, muchas veces dice más que las palabras.